El presunto fraude de 600.000 euros a Hacienda a través de una trama de compraventa de móviles de alta gama en la que están implicados el exedil y medallista olímpico Kiko Sánchez Luna, su padre y dos hermanos, así como otras cinco personas más, afecta a dos ejercicios fiscales (los años 2011 y 2012) y se habría llevado a cabo a través de la emisión de multitud de facturas falsas, según ha podido saber este diario a través de fuentes cercanas al caso.
La investigación que dirige el juzgado de Instrucción número 7 de Alicante por un fraude fiscal a Hacienda partió de una denuncia presentada en la Fiscalía por la Agencia Tributaria tras detectar un inspector presuntas irregularidades con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
La Fiscalía de Alicante, a través del fiscal especializado en delitos económicos, presentó una querella judicial contra ocho personas y cinco sociedades que derivó en la apertura de diligencias el pasado 14 de febrero por parte del citado juzgado.
La investigación estalló el martes con los registros de tres sedes sociales y la detención de nueve personas, tal y como ayer adelantó este diario, entre ellas el exedil Sánchez Luna, dos hermanos de éste y su padre. Además, fueron arrestados otros cinco implicados, todos de nacionalidad española.
La operación ha sido llevada a cabo por la Agencia Tributaria, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Tras la declaración de los sospechosos en sede policial, todos los implicados quedaron en libertad provisional por un presunto fraude fiscal.
Durante los registros llevados a cabo el martes a lo largo de todo el día en tres sedes sociales -una de ellas un domicilio particular- los investigadores se incautaron de numerosa documentación en papel, especialmente facturas, discos duros de ordenador y unos 40.000 euros en efectivo.
La Agencia Tributaria sostiene que las nueve personas detenidas vinculadas al presunto delito contra la Hacienda Pública participaron en un fraude con el IVA falsificando supuestamente facturas de teléfonos de última generación importados del Reino Unido, cuyo destino final sería Argelia.
El modus operandi que se investiga estaría basado en la venta de dichos teléfonos a ciudadanos argelinos que trasladaban los aparatos camuflados en el ferry de Alicante a Argelia.
El padre de Kiko Sánchez, quien podría tener más relevancia dentro de la trama que investiga el juez, aparece como administrador único de una decena de empresas, algunas de telefonía móvil, con sede social en Alicante, menos una que está en Ceuta y otra en Valencia.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) concretó ayer en un comunicado que el juez de Instrucción que dirige el caso abrió diligencias el pasado mes de febrero tras recibir la querella de la Fiscalía, que no ordenó en ningún momento las detenciones efectuadas el martes y que tampoco había tomado declaración hasta la fecha a ningún implicado. La causa se encuentra bajo secreto de sumario.
Los arrestados prestaron declaración en sede policial y quedaron en libertad provisional mientras la investigación sigue su curso. La operación continúa abierta y no se descartan más detenciones.
Kiko Sánchez, oro olímpico en los juegos de Barcelona 92, está acusado por la Fiscalía Anticorrupción en el conocido como caso telecentros. El fiscal pide para él por este asunto cinco años y medio de cárcel y 22 años de inhabilitación para cargo público. Falta señalar la fecha del juicio.
