Los forenses que hicieron la autopsia a la discapacitada asesinada en Benidorm concluyeron que la víctima fue asfixiada con su propia silla. Ayer fue el turno de los peritos en el juicio con jurado popular que se está celebrando en la Audiencia de Alicante por este crimen ocurrido en junio de 2020. La Fiscalía acusa del asesinato al hombre que la cuidaba y a su esposa, para quienes ha mantenido en su informe final la petición de prisión permanente revisable, al considerar que fue un plan urdido entre los dos para robarle una elevada suma que guardaba en la caja fuerte de su casa.
Según la acusación, la víctima se movía en silla de ruedas a causa de su discapacidad y los acusados trataron de simular un accidente doméstico causado por el vuelco del vehículo mientras ésta estaba sola en su vivienda pocos días después del final de confinamiento por el estado de alarma. De hecho, la primera forense que acudió al domicilio concluyó en un primer examen que todo apuntaba a que la muerte había sido accidental. Los facultativos que posteriormente hicieron la autopsia comprobaron que la víctima presentaba hasta cuatro golpes en la cabeza que probablemente la dejaron inconsciente. Aunque la causa de la muerte fue la presión de la silla sobre la caja torácica de la víctima cuando estaba en el suelo y que la impidió respirar. El vehículo tenía 43 kilos de peso y un sistema especial antivuelcos, según se encargó de recalcar la fiscal en su informe final.
El acusado ha admitido haber sido el responsable de la muerte de la víctima y asegura que perdió los nervios durante una discusión y que la silla volcó mientras estaban discutiendo, quedando atrapada debajo sin poder levantarla después. Tanto la Fiscalía como la Policía insistieron en que el peso de la silla por sí solo no bastaba para provocar la asfixia y que era necesario ejercer una presión adicional para causarle la muerte. Un aspecto sobre el que los forenses no fueron concluyentes, al señalar que el peso de la silla sí que podía causar la asfixia.
El procesado ha exculpado a su mujer de cualquier participación en los hechos, pero la Fiscalía considera que ambos se repartieron las tareas en un plan preconcebido donde el botín era el dinero de la caja fuerte de la víctima. Aunque la mujer solía sacar 5.000 euros en efectivo del banco cada dos meses, desde el Ministerio Público se subrayó que la cantidad podría ser aun más elevada, ya que la víctima había vendido recientemente un piso en Tenerife. La cantidad sustraída se desconoce, aunque la caja fuerte apareció totalmente vacía y limpia de huellas tras el crimen. La caja de seguridad se encontraba oculta junto a la balda de una estantería y los policías hallaron en los ordenadores de los acusados imágenes de una cámara de vigilancia donde éstos pudieron obtener en qué lugar se encontraba, así como búsquedas en internet de instrucciones sobre cómo poder abrirla.
Dada la discapacidad de la acusada, con malformaciones en los brazos y en las piernas, ésta no usaba una combinación de teclado sino que se abría con una simple llave. La fallecida era una afectada por la talidomina, medicamento que le causó las malformaciones y por lo que tenía una pensión mensual de 7.000 euros.
La Fiscalía sostiene que el acusado entró por sorpresa en la vivienda con las llaves que tenía, propinó los golpes a la víctima y la mató; y después robó el dinero, contando con la ayuda de su mujer que le esperaba en otra zona de Benidorm para deshacerse de pruebas.
El procesado al jurado en su última palabra: «No soy un vividor»
Después de que durante todo el juicio se haya estado diciendo que los dos acusados vivían de la víctima y estuvieran sacándole el dinero, el procesado aprovechó su turno de última palabra para decir al jurado que «no soy un vividor. He trabajado durante todo mi vida» y ha insistido en que a Rosa, la víctima, «nunca la he dicho una mala palabra. Siempre la he ayudado cuanto he podido».
Durante sus informes finales, las dos defensas han negado la existencia de un plan preconcebido para matar a la víctima, tal como sostiene la Fiscalía. La abogada de Fernando insiste en que se trata de un homicidio durante una discusión; mientras que la defensa de Olga reitera que ella no tuvo participación en el crimen y que fue otra víctima de su marido. Las dos letradas cargaron contra los audios de WhatsApp recuperados por la Policía de los teléfonos de ambos acusados, señalando que están tergiversados. «Son frases sueltas, en las que falta el contexto», señalaron. Y achacaron al confinamiento y a la restricción de movimientos todas las precauciones que tomaron para ir hasta Benidorm desde la Seu d’Urgell cuando se produjeron los hechos. J. A. M.
