La Guardia Civil ha detenido a 16 personas y ha investigado a cinco más como presuntas integrantes de una organización criminal acusada de robar cerca de 58 toneladas de cable de cobre y otros metales en las provincias de Alicante, Badajoz, Cáceres, Cantabria, Ávila, Alicante, Albacete y Valencia.
El material sustraído, más de 19 kilómetros de cable, era vendido en una chatarrería ilegal que luego la vendía a otra y emitían facturas falsas con datos fiscales de personas fallecidas para dar apariencia legal a la operación comercial. La Guardia Civil ha podido recuperar 12 toneladas de cobre que se encuentran a disposición de diferentes juzgados de las provincias donde se cometieron los robos.
Durante el desarrollo de la operación se han intervenido cinco furgonetas, una de ellas robada en Valencia, 36 kilogramos de cogollos de marihuana seca preparadas para su venta en bolsas al vacío, veinte cajas embaladas de bicicletas sin montar, tres microondas, 195 prendas de ropa de una conocida marca y cinco vehículos a motor.
La operación se inició a principios del presente año, cuando la Guardia Civil tuvo constancia de que se habían producido robos de cable de cobre "Millberry" en dos estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de las localidades de Cebreros y El Tiemblo, en la provincia de Ávila. Los agentes comprobaron que habían robado también en las EDAR de Candeleda y Piedralaves (Ávila) y comenzaron a buscar los puntos de venta del cobre robado y a inspeccionar chatarrerías y centros gestores de residuos metálicos para comprobar el correcto reciclaje y tratamiento de este tipo de metal.
Los agentes descubrieron un turismo usado para cometer el robo de la EDAR de Cebreros (Ávila) y averiguaron que lo utilizaba un individuo con residencia en La Cañada Real de Rivas-Vaciamadrid (Madrid). Esta persona mantenía contacto habitual con otras diez personas más, las cuales llevaban una vida superior a sus posibilidades, ya que ninguno de ellos tenía contrato laboral que pudiera justificar sus elevados gastos.
La investigación también reveló que los implicados realizaban desplazamientos semanales a las provincias de Badajoz, Cáceres, Cantabria, Ávila, Madrid, Albacete, Toledo, Alicante y Valencia, con el objeto de sustraer cable de cobre en otras EDAR, empresas agroalimentarias y polígonos industriales.
El cable de cobre robado lo escondían en inmediaciones de los lugares donde los sustraían con el fin de no levantar sospechas en caso de ser identificados en algún control policial rutinario. Posteriormente, regresaban a Madrid de vacío y dependiendo de la cantidad de cable de cobre que habían escondido alquilaban una furgoneta o varias para recoger el cable robado. Para ello, adoptaban numerosas medidas de seguridad para tener suficientes vías de escape en caso de ser descubiertos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Una vez transportado, lo vendían a una chatarrería clandestina ubicada en la Cañada Real, la cual no poseía ni rótulos ni publicidad. Este local estaba en situación ilegal al no estar dado de alta en ningún organismo competente. A continuación, esta chatarrería trasladaba el cableado a otra ubicada en Fuenlabrada y para dar una apariencia legal a las ventas del cable de cobre emitían facturas con datos fiscales de clientes y antiguos clientes, sin su conocimiento ni consentimiento, destacando que en algunas ocasiones esos clientes habían fallecido.
Los agentes detuvieron a seis personas e interceptaron dos furgonetas en las localidades extremeñas de Santa Amalia y Mérida, vehículos que contenían 8.000 kilogramos de cable de cobre que previamente había sido sustraído en Almendralejo y Medellín. Posteriormente, la Guardia Civil procedió a inspeccionar la chatarrería ilegal de La Cañada Real aprovechando que se estaba efectuando una entrega donde se detuvo e investigó al resto de personas implicadas.
Las bicicletas y prendas de ropa incautadas provienen de otros robos cometidos a camiones de transporte en estaciones de servicio de la carretera de Andalucía y a una nave industrial de almacenamiento de Jaén. Además también se ha podido demostrar la implicación con el tráfico de drogas. A los detenidos se les atribuye los supuestos delitos de robo con fuerza, asociación ilícita, robo y hurto de uso de vehículo a motor, falsificación de documentos, contra la salud pública y receptación.
