Un juzgado de Alicante ha exonerado a una mujer del pago de casi 60.000 euros de catorce préstamos que pidió gracias a la llamada Ley de la Segunda Oportunidad. Así lo anunció ayer la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, cuyos servicios jurídicos asistieron a esta alicantina, la cual no tendrá que pagar ni los créditos originales ni los microcréditos que luego pidió para intentar pagar las deudas anteriores tras quedarse en paro en 2016. La sentencia dictada a finales del pasado diciembre por la juez del juzgado de Primera Instancia número 2 de Alicante exonera a la mujer del pago tanto de los créditos originales como de los microcréditos que fue pidieron luego para tratar sin éxito de saldar sus deudas. En total el importe perdonado a la mujer gracias a la Ley de Segunda Oportunidad asciende a 58.478 euros.

Según la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, la mujer exonerada de la importante deuda contraída con entidades financieras, se fue al paro tras haber trabajado 23 años en la misma empresa y comenzaron sus problemas al pasar de una nómina a una prestación por desempleo. La mujer fue pagando al principio las cuotas con sus ahorros y cuando estos se acabaron tuvo la idea de acudir a microcréditos con el fin de pagar las cuotas y no incurrir en impagos.

Deuda mayor

Sin embargo, lo que creía que podría ser una buena opción se convirtió en una pesadilla, porque «lo único que generó fue aumentar la cantidad a pagar», que ascendía a casi 60.000 euros, según la Asociación de Ayuda al Endeudamiento.

La mujer acudió entonces a esta entidad formada por abogados especializados en la llamada Ley de la Segunda Oportunidad y los letrados comprobaron que cumplía todos los requisitos necesarios para acogerse a este procedimiento concursal.

Según Andrea Olcina, abogada de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, «en una situación así la desesperación lleva a solicitar nuevos créditos para pagar otros antiguos, pero esto no es más que un parche. Los intereses de estos créditos pueden superar el 100% TAE y, si impagas un recibo, las llamadas con continuas amenazas se convierten en todo un calvario para los deudores».

Para acogerse las personas físicas al procedimiento concursal, es necesario inicialmente informar a los juzgados competentes de la situación de la deudora. «Con un preconcurso de acreedores, comienza un periodo por el cual la interesada no debe pagar a nadie y tiene cualquier posibilidad de embargo paralizada», según explican desde la asociación que ha defendido los intereses de esta vecina de Alicante.

De acuerdo a lo que estipulaba la ley antes de la reforma concursal que entró en vigor el pasado 26 de septiembre, se inició una negociación con los acreedores de la mujer pero no se llegó a ningún acuerdo al rechazar los acreedores la propuesta realizada.

Reforma

Sin embargo, Olcina señala que «con la nueva Ley de la Segunda Oportunidad este trámite deja de ser obligatorio. Debido a los pocos acuerdos que prosperaba, la obligatoriedad del acuerdo extrajudicial suponía más un perjuicio que un beneficio. A partir de ahora, el proceso tendrá menos duración y coste».

Para la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, el «fracaso en el intento de convenio se convirtió en una buena noticia para la deudora», ya que se procedió al segundo de los posibles fines del procedimiento. Se solicitó la exoneración del cien por cien de la deuda a los juzgados de Alicante, «siendo aceptada y dándole la ansiada segunda oportunidad que esperaba».

Los requisitos que marca la Ley de la Segunda Oportunidad para condonar el total de las deudas son, en términos generales, «la insolvencia del deudor, no haber estado en concurso los últimos cinco años, no haberse exonerado en los últimos 10 años y carecer de delitos de orden socioeconómico», según indica la entidad que ha conseguido que una juez perdone la deuda de casi 60.000 euros a la vecina de Alicante. Antes del fallo, el juez y la administración concursal deben confirmar estas condiciones.

La Asociación de Ayuda al Endeudamiento afirma que el pasado año consiguieron 128 sentencias favorables sobre la llamada Ley de la Segunda Oportunidad. Esta cifra se prevé que aumente sensiblemente este año gracias a los beneficios que genera la nueva reforma concursal.