Abren juicio al exalcalde del PP de Orihuela Emilio Bascuñana por cobrar de Sanidad sin trabajar

El exalcalde del PP de Orihuela Emilio Bascuñana está más cerca de sentarse ante un tribunal de la Audiencia de Alicante después de que el juzgado que ha instruido la causa seguida contra él desde hace más de tres años por los delitos de prevaricación y malversación haya acordado la apertura de juicio oral por ambos cargos. 

El auto, que acaba de ser notificado a las partes, ordena también que se forme la correspondiente pieza separada para acreditar la capacidad económica del procesado, al que se le reclama una fianza de 141.031 euros, la cantidad que el munícipe percibió de las arcas públicas supuestamente sin deber y con la que hacer frente a la responsabilidad civil que pudiera derivarse de este proceso. 

Se enfrenta además a una petición de pena de tres años de cárcel, seis de inhabilitación absoluta y otros cinco y medio sin poder desempeñar cargo o empleo público que suponga el ejercicio de las funciones de prestación de servicios médicos en organismos dependientes de la Generalitat, donde actualmente trabaja.

 La Fiscalía Anticorrupción y la Conselleria de Sanidad acusan al exregidor de los delitos continuados de prevaricación y malversación, ambos en concepto de cooperador necesario e inductor, por haber cobrado de Sanidad a lo largo de más de cuatro años sin que conste que desempeñara actividad alguna que justificara ese salario.  

El departamento que ahora dirige Marciano Gómez, que se siente perjudicado por lo percibido por Bascuñana, se mantiene en el proceso aún después del cambio del color político del Consell.

Ambas acusaciones sostienen que el exregidor, hoy retirado de la política después de que en abril del año pasado una moción de censura le desalojara de la Alcaldía y acabara el mandado como portavoz del PP, se habría embolsado indebidamente de las arcas públicas 141.031 euros entre noviembre de 2007 y diciembre de 2011 por un supuesto trabajo del que los investigadores no han encontrado rastro. 

Imputaciones que suman

La instrucción judicial, que comenzó en 2020, ha permitido concluir que el también expresidente provincial de la Cruz Roja, cuando era médico en un centro de atención primaria de Orihuela, (actividad a la que ha regresado además de la que desempeña en una clínica de la que es copropietario), fue adscrito a la Dirección Territorial de Sanidad en Alicante «sin que se indicara las tareas ni las funciones que debía desempeñar».

Una adscripción funcional que se fue prorrogando y en la que se hacía constar que mientras permaneciera en esa situación, «percibiría sus retribuciones con cargo al puesto de origen», al que Bascuñana no acudía, pero sin «ninguna descripción de las tareas, trabajos o cometidos que debía desempeñar como tampoco de los motivos que hacían necesario el mantenimiento de esa asignación funcional». 

La Conselleria de Sanidad continúa como acusación particular aunque ha cambiado el color político del Consell

Para la Fiscalía Anticorrupción, «se produjo un flagrante quebranto de la legalidad (...) gracias al comportamiento de Bascuñana que fue el que, mediante su solicitud, propició la inicial adscripción funcional, la aceptó, pese a saber que no respetaba los parámetros legales, y dio pie a la prórroga con una nueva solicitud, tan ilícita como la primera» dando lugar a un «enriquecimiento injusto» por parte del acusado. 

El quinto con roblemas con la Justicia

Se trata del quinto regidor del PP en Orihuela que tiene problemas con la Justicia. A la condena en firme al también exalcalde Luis Fernando Cartagena por apropiarse de una donación de 49.000 euros que una congregación religiosa que administraba donó al Ayuntamiento, se suma la resolución pendiente de firmeza del proceso por las irregularidades en la adjudicación de las basuras de Orihuela en el que los exalcaldes José Manuel Medina y Mónica Lorente, al igual que el resto de los acusados, fueron absueltos pero donde la última palabra la tiene el Supremo, al que la Fiscalía ha solicitado que se anule el fallo y se repita el juicio.

  También a la espera de sentencia se encuentra la causa del plan zonal de la Vega Baja en la que, entre otros, está acusada Lorente, sucesora de Medina en la Alcaldía oriolana y quien se enfrenta a una petición de cuatro años y nueve meses de prisión y a 24 y medio de inhabilitación por supuestamente favorecer los intereses del empresario de las basuras Ángel Fenoll en los trámites para la adjudicación de ese macro vertedero.

Y por último, y no menos importante, el actual primer edil, José Vegara, a falta sólo de que se señale la fecha en que será juzgado por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y dos fiscales por fraude del IVA y en el impuesto de sociedades por los que se le piden siete años de cárcel. Una circunstancia que no fue óbice para que fuera elegido primera autoridad de Orihuela superando incluso en un edil el resultado que en los anteriores comicios obtuvo su antecesor y compañero Bascuñana.