Caso Brugal: ¿Y el Supremo pa’ cuándo?

Ocho meses después de que se celebrara la sesión señalada para deliberación y fallo, lo que ocurrió a finales del pasado febrero, el Tribunal Supremo continúa sin pronunciarse sobre el primer juicio del caso Brugal.

Un proceso por supuestas irregularidades en la adjudicación de la contrata de la recogida de basuras y limpieza viaria del Ayuntamiento de Orihuela entre los años 2000 y 2008 que en la Audiencia de Alicante se saldó con la absolución de los 34 acusados, entre ellos los exalcaldes del PP de la localidad José Manuel Medina y Mónica Lorente, tras anular la sala intervenciones telefónicas y registros que consideró que vulneraban derechos fundamentales. 

La sentencia, dictada en junio de 2020, fue recurrida en casación por la Fiscalía Anticorrupción, quien planteó al Supremo que el juicio tenía que repetirse con un tribunal diferente al no compartir el criterio de unas nulidades que dejaron sin soporte las tesis acusatorias. 

Los procesos del PGOU de Alicante y las basuras de Calp se han sentenciado sin esperar a conocer el criterio de Supremo

Tras algún señalamiento previo que se acabó posponiendo no por motivos que tuvieran que ver con el fondo del asunto sino con el volumen de trabajo de la sala, el recurso finalmente se deliberó y falló el pasado 28 de febrero con la magistrada Ana Ferrer como ponente. Junto a ella formaban sala sus compañeros Andrés Martínez, Andrés Palomo, Leopoldo Puente y el alicantino Vicente Magro.

A partir de esa fecha, al menos en dos ocasiones el Supremo ha dictado sendos autos ampliando el plazo para tener lista la sentencia: el primero lo dilataba de diez días a dos meses. El segundo, notificado a mediados del mayo pasado, daba otro mes más. 

Pero desde entonces las partes no han vuelto a tener noticia alguna de más prórrogas ni del estado de una resolución que hay quien aventura, aunque no con excesiva convicción, que podría estar lista «en las próximas semanas».

Más esperas

Aguardando este fallo no sólo están esos 34 absueltos pendientes de firmeza, entre los que además de los exregidores Medina y Lorente se encuentra el empresario oriolano de las basuras Ángel Fenoll, quien con sus grabaciones dio origen a esta operación de la que se acabaron desgajando una veintena de piezas.

 En la misma situación de tensa espera se encuentran los 13 encausados por supuestas irregularidades en los trámites para la adjudicación del macro vertedero de la Vega Baja.

Se trata de otro proceso desgajado también del Brugal que después de quince años de instrucción y seis meses de juicio quedó visto para sentencia en la sección VII de la Audiencia de Alicante desplazada en Elche en plenas Hogueras de 2022, hace casi año y medio.

Entre los enjuiciados repiten Fenoll y la exalcaldesa Lorente, a los que se suman el expresidente de la Diputación y exresponsable del PP en la provincia, José Joaquín Ripoll, los empresarios Enrique Ortiz y Rafael Gregory y el expolítico socialista Antonio Amorós. Algunos de ellos con peticiones de pena que superan los tres lustros de prisión. 

Una resolución en la que todo apunta a que el tribunal que tiene que dictarla, formado por los magistrados Joaquín Orellana, Cristina Ferrández y Javier Saravia, este último en calidad de ponente, han optado por esperar a conocer el criterio del Supremo en cuanto a las intervenciones telefónicas y los registros anulados por sus colegas, también desplazados en Elche, Gracia Serrano, José Teófilo Jiménez y, como ponente, Manel Martínez Aroca.

Otras tribunales

Por contra, otros tribunales de la Audiencia de Alicante que también han juzgado procesos emanados del Brugal han optado por sentenciarlos sin aguardar a ver cuál es la doctrina del Supremo.

 Tal es el caso de la causa por los supuestos amaños en la tramitación del Plan General (PGOU) de Alicante y el de las anomalías en la adjudicación y el pesaje de las basuras de Calp, ambos con Fenoll como común denominador, al igual que en los otros. 

Los dos se saldaron con condenas. En julio de 2021a Ortiz y al exalcalde del PP de Alicante Luis Díaz Alperi en el primer caso. Y en octubre del año pasado al exregidor de Calp Javier Morató y sus exediles Roselló y Peneda, también populares, junto al cuñado de uno de ellos y al empresario de Orihuela, en el segundo. 

Ambas resoluciones se encuentran también aguardando su turno en las estanterías del Supremo sin que a estas alturas exista constancia documental tan siquiera de si han sido o no admitidas a trámite.