Archivado con la oposición del fiscal el proceso penal que le quedaba al exedil de Alicante Andrés Llorens por el "caso Isjoma"

 En un auto que la Fiscalía Anticorrupción está valorando recurrir, la magistrada Ana Avendaño ha dado carpetazo a la última causa penal que le quedaba a Andrés Llorens de su etapa como vicealcalde de Alicante durante los mandatos de la exregidora popular Sonia Castedo.

Se trata de una investigación por un presunto fraccionamiento de contratos entre los años 2009 a 2015 en el suministro al Ayuntamiento de instalaciones para fiestas por parte de la mercantil Isjoma. Una pieza que se desgajó de la principal en la que, entre otros, también estaba acusado Llorens y que se saldó con una sentencia absolutoria. 

Precisamente ha sido este fallo el que ha llevado a la magistrada a dictar el sobreseimiento provisional de un proceso cuya instrucción arrancó en 2019 por iniciativa de Anticorrupción. 

En una resolución de apenas medio folio, la instructora concluye que «de lo actuado no aparece suficientemente justificada la perpetración de delito (de prevaricación). Y, sin aportar más fundamentos jurídicos, agrega que «por la Audiencia Provincial se dictó sentencia que fue absolutoria por lo que, en consecuencia, tomando en consideración lo anteriormente reseñado, procede el sobreseimiento».

En estos hechos inicialmente también estaba investigado el funcionario responsable de Atención Urbana, Víctor López, que falleció en 2021 a causa del covid; el propietario de la mercantil, Isidro García, que ha muerto hace unos meses; y quien fuera jefe de los talleres municipales, Ginés Pérez.  

En la pieza que se saldó con la absolución se investigaban pagos a Isjoma de 2007 a 2009 al margen del contrato con el Ayuntamiento que ascendieron a cerca de 841.000 euros. Una cantidad que, para la Fiscalía, debería haber estado incluida en el contrato principal.  

Pagos fuera de contrato

En el procedimiento ahora archivado también se indagaban pagos a la mercantil al margen del contrato, en este caso de 2009 a 2015. Aunque la cuantía estaba por determinar a lo largo de la instrucción, se estimaba que los trabajos encargados a dedo rondarían entre los 400.000 y 1,2 millones.

 En 2009, la mercantil volvió a hacerse con la contrata del montaje de escenarios y suministro de sillas para actividades festeras en Alicante, a pesar de haber optado al concurso con una oferta que era casi un millón de euros más cara que la de su principal competidora, la empresa Alavés.

Una contrata que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anuló al cuestionar el informe del técnico Víctor López por el que esta empresa ganó el concurso. 

La sentencia aseguraba que Alavés, a quien representaba el letrado José Ferrer, del bufete Ferrer-Pallás, debería haber ganado y obligaba al Ayuntamiento a indemnizar a la mercantil. Isjoma se había hecho con todos los concursos para la adjudicación del servicio desde el año 1987 y acabó cerrando a raíz de perder la contrata.

En un escrito presentado a mediados del pasado noviembre, el fiscal Felipe Briones se opuso al sobreseimiento solicitado por las partes al entender que se trata de hechos diferentes a los enjuiciados en el primer proceso, que de 2009 a 2015 se realizaron cada año decenas de contratos menores que excedían del límite legalmente establecido de los 18.000 euros y que Llorens, como máximo responsable de la concejalía, firmó decenas de adjudicaciones de suministros a favor de Isjoma.

Cuarta vez

Ésta es la cuarta vez que Llorens era imputado por su actividad en el Ayuntamiento y, a falta de la firmeza del sobreseimiento que acaba de dictarse, de todas ha salido absuelto. La primera fue por irregularidades en las obras de la Plaza de Magallanes, cuyos trabajos se adjudicaron cuando ya había sido inaugurada. La segunda, por los presuntos amaños en las adjudicaciones del Plan E, donde no se vio probada la relación del exedil con los hechos. La tercera , por la pieza principal del caso Isjoma, en la que no se consideraron probados los delitos. Y, por último, esta pieza desgajada de la anterior cuyo archivo estudia recurrir el fiscal.