Un juez ratifica el cierre cautelar de la gallera de Aspe decretado por el Ayuntamiento

Dos meses después de que la Policía Nacional llevara a cabo una redada en la Gallera El Chato de Aspe cuando se estaba celebrando una pelea de gallos, una operación que se saldó con una veintena de detenidos y otros tantos animales rescatados, el titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Alicante, Salvador Bellmont, ha ratificado el cierre cautelar de ese establecimiento que el Consistorio ordenó poco después tras tener conocimiento de que se iba a celebrar una nueva competición de similares características. 

El magistrado respalda uno por uno los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento que preside Antonio Puerto (IU) y rechaza las pretensiones de la Asociación Peña Gallística Levante, que presentó el recurso contencioso contra la orden municipal con la intención de que se revocara, lo que no ha conseguido. 

Para ordenar la clausura, el Consistorio valoró la existencia de «indicios racionales de criminalidad por un presunto delito de maltrato animal por desarrollarse supuestamente en la sede de la asociación conductas expresamente prohibidas por nuestro ordenamiento jurídico». Eso además de que «en la referida sede se viene ejerciendo actividad de bar-cafetería abierta al público sin que por el interesado se disponga de las preceptivas autorizaciones para su ejercicio».

Supuestos perjuicios

Los responsables de la gallera llevaron ante un juez la decisión municipal alegando que le ocasionaba «perjuicios de difícil o imposible reparación (...) planteando la lesión del derecho de propiedad privada y derecho de reunión o de asociación y argumentando que el cierre acordado conlleva la pérdida del puesto de trabajo de los empleados y la posible pérdida del inmueble en caso de no poder realizar sus actividades al dejar de percibir las cuotas de los socios y no poder hacer frente a los gastos de alquiler y suministros».

Teniendo en cuenta los antecedentes de la actividad desarrollada en la gallera, el magistrado no ha tenido dudas en apoyar esta clausura. «A la hora de poner en términos de comparación los daños y perjuicios que pudieran irrogarse a un particular (una asociación) en el normal desarrollo de su actividad privada, con la colisión que supone para los intereses generales la prevención de actividades y conductas como las indiciariamente puestas de manifiesto sobre la actividad del bar-cafetería sin la preceptiva autorización, o posibles conductas que presentan indicios racionales de criminalidad, deben prevalecer tales intereses pues es de apreciar un interés prevalente en la precaución de conductas como las expresadas».

Tampoco ha pasado por alto el juez la nueva pelea de gallos que iba a celebrarse apenas una semana después de que tuviera lugar la operación de la Policía Nacional que también aparece recogida en la resolución municipal.

¿Una asociación?

De esta nueva actividad se recoge en el auto dictado por el juez Bellmont, contra el que cabe recurso, que «obra en el expediente documentación acreditativa de que se dio publicidad al acto que se iba a celebrar, para el cual se iba a cobrar entrada estipulándose un precio diferente en función de si se trataba de público en general o entrada VIP, lo que choca con el pretendido carácter privado del acto que defiende el interesado». Una pelea que no llegó a celebrarse por la actuación del Ayuntamiento, que en cuanto tuvo conocimiento de ella ordenó cerrar el local.

El juez concreta que «los eventuales perjuicios que pudieran causarse (a los responsables de la gallera) podrían ser indemnizados en caso de ser dictada una sentencia estimatoria en sus pretensiones».

Con independencia de que la gallera conste oficialmente en el Registro de Asociaciones de la Comunidad, son pocos en Aspe los que desconocen cuál es el motivo por el que se acondicionó el local para celebrar peleas de gallos y la actividad que realmente se ha venido desarrollando en su interior, con capacidad para unos dos centenares de asistentes.