Una empresa urbanizadora ha financiado y construido la ampliación de los juzgados de Torrevieja a cambio de 13.000 metros cuadrados de suelo urbanizable de uso terciario cedidos por el Ayuntamiento de Torrevieja en el antiguo solar de la Plaza de Toros demolida de la ciudad.
Terminado
El edificio está terminado desde hace cinco meses pero solo se ha ocupado una planta pese al colapso del Palacio de Justicia. La junta de gobierno Local aprobó el 11 de febrero de 2005 un convenio por el que el agente urbanizador «de la unidad de ejecución número dos del sector 13-B» aporta 466 metros cuadrados de su propiedad junto al Palacio de Justicia.
El Ayuntamiento daba entonces un paso más en el acuerdo. El promotor se compromete a construir sobre ese solar «con un proyecto concreto, con unos plazos y unas condiciones determinadas» la ampliación del Palacio de Justicia.
Operación
La operación está recogida en el informe dado a conocer por la Sindicatura de Cuentas sobre «fiscalización de la gestión y control de los recursos integrantes del patrimonio municipal de suelo» y se considera irregular. Según la Sindicatura de Cuentas «la permuta sin realización de subasta no está justificada, dada la diferencia de valor existente entre la parcela del Ayuntamiento y la del particular». Los trece mil metros que recibe la empresa están valorados en 2,7 millones de euros, y el solar y las obras que se aportan a cambio superan los 3,5 millones de euros. Un extraño saldo en contra del urbanizador de 741.912 euros.
Valores
La Sindicatura advierte de que no debería haberse computado el valor de la obra realizada por la empresa en la operación «ya que se trata de una obra pública que debió adjudicarse de acuerdo con la legislación contractual pública». Además estas operaciones no han sido «contabilizadas» por el área de Intervención municipal.
Los extremos del convenio son conocidos en teoría la Conselleria de Justicia, administración que debe «recibir» la ampliación del Ayuntamiento. Durante los dos años que han durado las obras la constructora ha incumplido la propia normativa local de urbanismo que obliga a los constructores a indicar, entre otros datos, el número de licencia y el nombre de la constructora.
El inmueble está terminado desde el mes de marzo pasado pero la mayoría de los funcionarios y los usuarios de una de las sedes judiciales más con mayor carga de trabajo y falta de espacio físico de España no han podido ocuparlo. Tan solo la primera planta es utilizada por el nuevo juzgado de lo Penal, mientras que seis juzgados y las dependencias como el decanato, registro o fiscalía, siguen en el Palacio de Justicia inaugurado
