La Protectora Oriolana de animales denunció ayer que al menos ocho cachorros de la perrera municipal han fallecido en los últimos seis meses debido a la enfermedad del parvo, un virus que afecta a los perros en sus primeros meses de vida, muy contagiosa y que ataca al intestino del animal.

Según la presidenta de la Protectora Oriolana, Juani Simón, "sabemos de al menos ocho fallecimientos por la enfermedad del parvo, especialmente por la falta de desinfección de la perrera, donde los perros mueren desangrados, pero el dato es mayor porque habrá más casos de los que no nos enteramos", señaló. "El problema es que nadie hace nada y se mantienen unas instalaciones en las que ha aparecido esta enfermedad sin que se mueva un dedo desde las instituciones locales", añadió.

En este sentido, Simón recordó que la Protectora sacó en el mes de marzo un total de 21 cachorros de la perrera municipal para intentar mejorar sus condiciones de vida. Seis de estos perros murieron por la parvovirosis. Según Simón, el ayuntamiento obliga a las personas que saquen un perro de las instalaciones oriolanas a firmar un documento en el que ya se alerta de que el animal puede estar enfermo o padecer una infección.

La presidenta de la Protectora Oriolana señaló que desde enero la perrera ha recogido un total de 233 perros, de los cuales "quisiéramos saber cuántos han muerto por la enfermedad del parvo y cuántos han sido sacrificados". En este sentido, urgió al concejal de Sanidad, Antonio Ortiz, a poner en marcha cuanto antes las instalaciones del albergue municipal de animales, un proyecto ya presupuestado pero del que se desconoce el inicio de las obras así como su ubicación.

La perrera municipal de Orihuela carece de la preceptiva declaración de núcleo zoológico. Según Juani Simón, no se toman medidas higiénicas, no se vacuna a los animales, si están enfermos no se tratan médicamente y no se mantiene ninguna organización en cuanto a la separación de cachorros, perros enfermos o en cuarentena.

Tras una denuncia de la Protectora Oriolana de animales interpuesta el pasado mes de enero, fuentes consultadas por este diario aseguraron que el Servicio para la Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) abrió diligencias para investigar las condiciones de la instalación.