La fiscalía pide 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el ex alcalde de Bigastro José Joaquín Moya, del PSPV-PSOE, por un presunto delito continuado de prevaricación, al adjudicar irregularmente unas parcelas para la construcción de un complejo hotelero SPA con golf.

Moya, que ha sido 25 años alcalde de Bigastro, ya estuvo cerca de tres meses en prisión provisional, entre octubre de 2008 y enero de 2009, después de que le imputaran supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, contra la ordenación del territorio y varias falsedades.

Según la calificación del fiscal al juzgado de instrucción número 1 de Orihuela, a la que ha tenido acceso EFE, se pide la inhabilitación por unos terrenos segregados de la finca municipal "La Pedrera" que, en un pleno del 8 de agosto de 2005, se acordó adjudicar y dar en cesión de uso a favor de la mercantil "Promociones Alicante Torrevieja".

Esta empresa pretendía desarrollar un ambicioso proyecto de hotel-apartahotel SPA de 260 plazas y un campo de prácticas de golf.

Junto a Moya, el fiscal pide ocho años de inhabilitación por prevaricación para las concejales socialistas María del Carmen Grau Espinosa y María Jesús Torres García, y también para el secretario-interventor, Antonio Saseta Maure, quienes entonces también formaban parte de la Mesa de Contratación de Bigastro.

El ministerio público señala que la citada Mesa de Contratación se reunió el mismo día del pleno, el 8 de agosto, prescindiendo "de una forma absoluta de las normas esenciales del procedimiento".

Esto es así porque aún no había concluido el plazo para la presentación de proposiciones por parte de las mercantiles interesadas (que terminaba el 10 de agosto) y porque el pliego de condiciones establecía que la citada Mesa no podría reunirse hasta siete días hábiles después de cerrarse el plazo, esto es el 17 de ese mismo mes.

Se considera que los cuatro actuaron "concertadamente y obviando los principios rectores de objetividad y salvaguarda del interés general que han de presidir el correcto funcionamiento" de las administración pública.

Asimismo, el fiscal indica que la propuesta presentada por Moya ante el pleno tenía una fecha incluso anterior, del día 2, a pesar de que el alcalde era conocedor de que era una "injusticia" y que vulneraba el procedimiento administrativo.

Añade que el suelo en cuestión estaba clasificado como no urbanizable y que cualquier licencia municipal debía contar con un informe previo favorable de la Comisión Territorial de Urbanismo, lo cual no ocurría.

Precisamente, se da la circunstancia de que el 31 de octubre de 2007 acordó denegar la aprobación definitiva del plan especial del parque público La Pedrera.

Para la fiscalía, el pleno del 8 de agosto aprobó (por siete votos a favor y cuatro en contra) la citada propuesta de adjudicación "gracias a las torticeras actuaciones llevadas a cabo por los acusados".

En cambio, no se considera acreditado que el resto de concejales socialistas que respaldó esta decisión con su voto en la sesión plenaria tuviera un conocimiento previo de la ilegalidad y arbitrariedad de la adjudicación.