La Fiscalía ha solicitado una pena de un año y tres meses de prisión y nueve años de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público al ex alcalde socialista de Bigastro, José Joaquín Moya, por un supuesto delito contra la ordenación del territorio por otorgar una licencia para levantar un huerto solar en suelo no urbanizable sin tener competencia para ello. El Ministerio Público mantiene la misma acusación para la técnico que avaló la decisión.
Según el escrito del fiscal Anticorrupción de la Vega Baja, Pablo Romero, el ex alcalde Moya aprobó definitivamente un plan especial para el parque público de La Pedrera en un pleno celebrado el 10 de abril de 2006 y en la misma jornada concedió licencia a la empresa Eurener, una de las principales mercantiles generadoras de empleo del municipio, para levantar un huerto solar con una concesión de suelo. Para el fiscal se trata de un acuerdo "nulo de pleno derecho por falta total y absoluta del procedimiento legalmente establecido", tal y como denunciaron en su día los representantes del PP en el Ayuntamiento y la entonces portavoz del grupo de Los Verdes.
Un mes después, el 14 de noviembre de 2006, como recogió esta edición, las máquinas pesadas contratadas por Eurener, siempre según el fiscal, comenzaron a roturar el suelo forestal en La Pedrera. En ese momento actuó el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) que informó sobre la destrucción de monte bajo y especies de flora autóctonas. Sólo cuando los funcionarios del Seprona se presentaron en el Ayuntamiento, varios días después de que comenzaran las obras y cuando Moya había negado las irregularidades en los medios de comunicación, el ex primer edil firmó un decreto suspendiendo su propia licencia "que conculcaba la legalidad", subraya el Ministerio Público.
Una obra de esas características exigía una declaración de interés comunitario porque se situada sobre suelo no urbanizable y precisaba de una declaración de impacto ambiental. Autorización que, de haberse cursado, forzaba al Ayuntamiento y a la empresa que la solicitaba a remitir el expediente a la Generalitat. De hecho, la Conselleria dejó sin efecto el plan especial aprobado por el pleno. El fiscal solicita al juzgado distintas pruebas para la vista, como la declaración de los acusados y la testifical de los agentes de la Guardia Civil que acudieron a La Pedrera, donde además de roturarse terrenos se talaron pinos.
El escrito de acusación también imputa un delito contra la ordenación del territorio a la técnico municipal que amparó con un informe la actuación del primer edil. "La licencia de obras, concedida por el acusado, e informada favorablemente por la acusada (la técnico) era contraria a las normas urbanísticas, circunstancia conocida y asumida por ambos". Anticorrupción rechaza los escritos de apelación que han realizado los acusados y que deberá resolver la Audiencia. Por una parte la técnico asegura que los hechos no tienen relevancia para constituir un delito contra la ordenación del territorio, mientras que Moya se defiende asegurando que los hechos que le imputan "son incongruentes" y no están tipificados. El fiscal replica que el ex alcalde, que estuvo en el cargo 25 años, "era plenamente consciente de la ilegalidad de su conducta".
Varias investigaciones
Tanto el ex alcalde Moya, que defendió el huerto solar en el marco de una política de respeto al medio ambiente y de respaldo a las energías renovables, como esta técnico (que trabaja en el Consistorio asumiendo las mismas funciones) están imputados en ?al menos tres causas más, derivadas de supuestas irregularidades urbanísticas, como la permuta de suelo de zonas verdes para levantar naves, la instalación de depósitos de gas en un parque o la autorización para subastar suelo rústico para un apartahotel, todas entre 2005 y octubre de 2008, momento en el que el ex primer edil fue detenido y tuvo que renunciar a su cargo. También está imputado en varias de estas causas el alcalde Raúl Valerio Medina, aunque no era edil cuando se tramitó el huerto solar.
