El Cuerpo Nacional de Policía detuvo a doce personas por realizar, presuntamente, contratos de trabajo falsos a ciudadanos extranjeros para que estos pudiesen cobrar el subsidio de desempleo. Según fuentes policiales, los beneficiarios percibían entre 2.000 y 7.000 euros de paro. De este modo, la Policía acusa a los detenidos de cometer los delitos de falsedad documental y estafas al servicio público de empleo estatal, añadieron.
Estas detenciones se enmarcan en la "operación Alcoba", que comenzó en febrero y en la que, con los doce últimos, ya se han detenido a 67 personas. Las investigaciones policiales comenzaron en torno a un empresario marroquí de Dolores que era propietario de una peluquería, un restaurante de comida turca y una empresa de recogida de productos agrícolas. A través de las mercantiles, el industrial había empleado a 150 extranjeros durante 2010. La Policía sospechó de este empresario, ya que la actividad de las firmas que estaban a su nombre era insuficiente para emplear a tantas personas.
Así, los investigadores comprobaron que los contratos estaban firmados por extranjeros que, en realidad, no mantenían ninguna relación laboral con el industrial. En la mayoría de casos, se trataba de mujeres en avanzado estado de gestación y los beneficiarios habían solicitado o cobrado del subsidio por desempleo.
La investigación continúa abierta, pues todavía hay que esclarecer los hechos en su totalidad, indicaron las fuentes mencionadas, y determinar si hay más personas implicadas en la trama. Por eso no descartaron nuevas detenciones.
Funcionario
En el marco de esta operación, la Policía detuvo también a un funcionario del Ayuntamiento de Formentera del Segura que vendía certificados de empadronamiento a extranjeros para que pudiesen obtener el permiso de residencia por arraigo. El empleado público ofrecía certificados históricos de empadronamiento a cambio de cantidades que oscilaban entre 500 y 3.000 euros, siempre en función de la cantidad de intermediarios que hubiese en la operación.
Los agentes accedieron a la base de datos del Ayuntamiento de este municipio de la Vega Baja con la colaboración de la institución municipal y, así, pudieron comprobar que 230 personas habían sido dadas de alta en el padrón municipal en fechas muy posteriores a las que realmente constaban en los archivos. La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Alicante había tenido conocimiento anteriormente de que muchos ciudadanos extranjeros obtenían permisos de residencia presentado en la Oficina de Extranjeros de Alicante un certificado histórico de empadronamiento expedido por el consistorio de Formentera del Segura.
Tanto el empresario como el funcionario fueron detenidos el pasado mes de mayo. Ambos ingresaron en prisión provisional, si bien el juez decretó libertad bajo fianza para ambos. En el caso del empleado del Ayuntamiento de Formentera del Segura, el pago de una fianza de 6.000 permitió que saliese de la cárcel poco después de ser arrestado.
De otro lado, el juez fijó una fianza de 12.000 euros para el empresario de Dolores tras aceptar el recurso interpuesto por el abogado defensor de éste a la prisión preventiva dictada en un principio. La detención de estos dos hombres fue la culminación de una operación que, en febrero, se saldó con 46 detenidos. En mayo se produjeron más arrestos que incrementaron la cifra de apresados a 53. Y ahora, hay que sumar los últimos doce arrestados, implicados en otra "pata" de la trama delictiva, que ofrecía contratos falsos para que los extranjeros pudiesen percibir el paro.
