El PSOE denunció ayer que el equipo de gobierno del Partido Popular (PP) quiere vender el puerto deportivo, que ahora gestiona al 100% la empresa municipal Marina de Las Dunas. Los socialistas, en el gobierno hasta junio, sugieren que para hacer más atractiva la propuesta el actual equipo de gobierno pondría sobre la mesa 31.000 metros cuadrados de suelo público, situados junto el puerto o mediante una ampliación del mismo y recuerdan que la alcaldesa, Carmen Verdú, se comprometió en campaña electoral con los 20 trabajadores a no privatizarlo. El PSOE explica que el concejal Jesús Huertas (PP) fue el que anunció en una reunión con los concesionarios y con los trabajadores que iban a "vender" el puerto. Reunión a la que la oposición no fue invitada pese a formar parte del consejo de la empresa pero a la que acudieron al enterarse por otras vías. Para los socialistas, la propuesta demuestra "la incapacidad" de Verdú a la hora de gestionar este asunto y recordó que todos los problemas económicos del puerto se remontan a la gestión del PP entre 1995 y 2003. Un puerto que considera el PSOE puede ser rentable al margen de esa "herencia".
Un portavoz del equipo de gobierno del PP ofreció ayer una versión muy distinta. En primer lugar explicó que hay muchas propuestas sobre la mesa a la hora de encontrar una salida a la gestión de este espacio, porque, subrayó, se arrastra una deuda de un millón de euros. "Oficialmente, a día de hoy, de privatización, no hay nada de nada", indicó.
Otros dos millones
La empresa debe 450.000 euros al concesionario de los astilleros por una sentencia -se pagaron 4.000 mensuales durante un año hasta que no se pudo afrontar más-. Además, se entregaron 182.000 euros del Consistorio a la empresa para pagar los sueldos de los empleados cuando el juzgado decidió bloquear las cuentas de la empresa para que abonara sus deuda. Además el Ayuntamiento debe contar con otra sentencia judicial, que de confirmarse, sumaría otros 2 millones de euros a ese pasivo. La misma fuente recordó que la exalcaldesa Maryléne Albentosa (PSOE) tuvo ocho años para solucionar estos problemas y no lo hizo. El PSOE recuerda sobre esas sentencias que se derivan de una gestión de equipos de gobierno del PP que, en primer lugar, concedieron la construcción y gestión de un astillero para luego rescindir la concesión y dársela a otro empresario, procedimientos irregulares de los que ahora se derivan las sentencias por lucro cesante de las mercantiles. Además de los amarres dentro de este recinto está también la lonja pesquera y las instalaciones para las embarcaciones de artes menores, para las que también habría que dar una salida jurídica en caso de privatización.
