Agentes de la Policía Local de Guardamar han intervenido más de 2.500 productos falsificados durante el pasado mes de julio, según los datos facilitados por la Jefatura Local. Los funcionarios, en concreto, levantaron 92 actas a personas que ejercían la venta ambulante sin la obligatoria licencia municipal.
Entre los artículos se encuentran bolsos, relojes, polos, pareos, vestidos, gorras, juguetes, útiles para masajes y otros muchos. Todos ellos fueron depositados en los almacenes del Ayuntamiento a la espera de la resolución de los expedientes sancionadores.
El destino final de muchos de ellos, como son los vestidos, pareos y ropa interior, es donarlos a los Servicios Sociales del propio Ayuntamiento o a instituciones benéficas, caso de Cáritas, "que se encargan de repartirlos entre las personas necesitadas", explicaban fuentes policiales.
En cambio, los productos que son falsificados son destruidos al final el plazo que establece la Ordenanza Municipal que regula esta materia porque ni tan siquiera puede darse para obras benéficas
Ambulante
Desde la Jefatura de Policía Local se explicaba que "la legislación no nos acompaña mucho a la hora de intervenir penalmente contra las personas que venden productos falsificados, pero hacemos lo posible e imposible para que la venta ambulante, sin autorización, sea cual sea su procedencia, se reduzca al mínimo posible".
La Jefatura de la Policía Local de Guardamar indica que "es época estival y la presencia de veraneantes hace que aumente el número de vendedores, pero los agentes están trabajando bien este tema y con ese esfuerzo llegan los resultados".
Tramitan la expulsión de los jornaleros ilegales
La operación desarrollada por la Comisaría Provincial, que se saldó con la detención de un empresario de Albatera, acusado de explotar a extranjeros, a los que hacía trabajar en situación irregular y sin contrato, continúa en marcha y no se descartan más arrestos, precisaron ayer fuentes policiales.
La investigación corre a cargo de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras-Ucrif y no por la Guardia Civil, como publicó ayer por error este diario. El empresario y dos de los empleados de la misma fueron puestos en libertad con cargos tras prestar declaración. Los extranjeros que trabajaba al margen de la legalidad, que son paraguayos, brasileños y guatemaltecos, se les ha tramitado un expediente de expulsión. M. A. R.
