La Concejalía de Urbanismo ha tramitado entre junio y septiembre el decreto de cierre de cuatro quioscos-chiringuitos, en la playa de La Mata, y otro en Cala Ferrís. Se trata de quioscos bares playeros que abrieron esta temporada en primera línea en dominio público marítimo terrestre, afectados por la ley de Costas. Durante los meses previos al verano concluyó un proceso de adjudicación por concurso público.

Los decretos han llegado a los que se quedaron sin concesión administrativa, según indicaron fuentes de ese área municipal. Alguno de los afectados llevaba años abriendo en temporada estival en primera línea y ha perdido esa autorización por lo que tampoco podía contar con licencia municipal.

Los decretos argumentan que el cierre se hace efectivo no sólo porque los locales no cuentan con licencia ambiental, sino sobre todo por la falta de adjudicación de la concesión "porque se trata de una instalación en dominio público marítimo terrestre". Además indican, frente las alegaciones presentadas, que no "hay indefensión" porque los informes que avalan la decisión han estado a disposición de los afectados.

Dos de los cuatro los propietarios solicitaron al juzgado una medida cautelar para evitar el cierre, que fue aceptada previo pago de una fianza de 8.000 euros, "como garantía de los perjuicios que se puedan ocasionar al interés general". En el caso del quiosco bar de Ferrís, que desoyó el decreto de cierre el 18 de junio, recibió un mes después la visita de inspección de la Policía Local, lo que desembocó en una orden de precinto y cierre efectiva a día de hoy.

Terraza de copas

Además se expedientó a un sexto establecimiento situado en pleno centro, en el paseo Vista Alegre junto al Club Náutico. El Ayuntamiento dictó la orden el 18 de junio por carecer de licencia municipal de apertura y la Policía comprobó que no se había acatado el 19 de julio, un mes después, por lo que se ordenó su precinto el 7 de agosto. El local estuvo así durante unos días, pero los propietarios pudieron acreditar la concesión de la Generalitat, que es la que gestiona el recinto portuario y subsanaron las deficiencias detectadas por lo que obtuvieron la licencia bajo declaración responsable y se dictó un decreto de desprecintado.