El Ayuntamiento de Orihuela ha solicitado al Consorcio del Plan Zonal de Residuos (RSU) Sólidos Urbanos de la zona XVII que le devuelva todas las aportaciones económicas realizadas por este consistorio desde 2006, y que suman alrededor de 140.000 euros, según ha anunciado este viernes el alcalde de Orihuela, Monserrate Guillén.
En un encuentro informativo ofrecido junto a la primera teniente de alcalde, Antonia Moreno, Guillén ha explicado que este mismo viernes se ha presentado por registro en la Diputación de Alicante un escrito solicitando la devolución, junto a un informe del secretario municipal que asegura que Orihuela "nunca ha pertenecido formalmente a este consorcio".
Guillén ha precisado que quedan por pagar las cuotas de 2009, 2011 y 2012, aunque ha indicado que "no se abonarán porque Orihuela no pertenece al consorcio", según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento oriolano.
En el escrito, también se pide la nulidad de todos los actos administrativos del Consorcio, sobre todo la licitación y adjudicación del contrato de recogida y tratamiento de residuos de la zona XVII, al entender que "se tomaron contando con los votos de Orihuela, si bien este municipio no formaba parte de dicho órgano, puesto que el pleno municipal nunca aprobó adherirse a él".
Asimismo, el Ayuntamiento ha solicitado que se realicen los "trámites oportunos" para que se haga constar que Orihuela no pertenecía al consorcio cuando se tomaron esos acuerdos.
"COLADERO DE DINERO"
Por su parte, Antonia Moreno ha recordado que el Consorcio adjudicó el contrato de recogida y tratamiento de residuos el 4 de enero de 2008 a la UTE Cespa-Ortiz en la variante que ubicaba el vertedero comarcal en Albatera y que, en junio de ese mismo año, la empresa Novalis Medio Ambiente compró la finca 'La Pistola', situada en la pedanía Torremendo, en Orihuela.
"En el mismo mes, el Consorcio determinó que la variante de Albatera (Alicante) se sustituyese por la de Torremendo", ha añadido la primera teniente de alcalde, quien ha recordado que "todo este proceso ha dado lugar al caso Brugal".
Moreno ha calificado el Consorcio como "un coladero de dinero", y ha asegurado que "mientras tanto, todos los municipios han pagado las cuotas y el Consorcio ha ingresado 1.140.000 euros que han servido sólo para pagar técnicos y funcionarios sin que se haya hecho nada para construir la planta de tratamiento o de transferencia".
La primera teniente de alcalde además ha relatado que el Consorcio ha gastado 157.000 cada año en el personal, 63.000 en gratificaciones, 20.500 en un informe de seis folios y 492.000 euros en un contrato con una empresa que, desde 2009, presta el servicio de asistencia técnica para la dirección del contrato de recogida y tratamiento de RSU.
