El juzgado de Torrevieja que instruye la investigación por supuesta malversación en el uso de los móviles oficiales de los concejales del equipo de gobierno del PP y asesores ha reclamado al PSOE que presente una querella y fianza si quiere ser parte en el procedimiento. Los socialistas, que fueron los que denunciaron estos hechos ante la Fiscalía, han presentado un recurso ante esta resolución con dos argumentos principales. En primer lugar, aseguran que la jurisprudencia avala personarse en un procedimiento sin formular una querella y fianza para causas en las que ya se hayan iniciado diligencias. En este caso fue la Fiscalía la que inició el procedimiento al remitir su propia denuncia ante el juzgado tras la denuncia socialista.

En segundo lugar, los socialistas mantienen que como responsables públicos no solo tienen la obligación de fiscalizar y control de la acción de gobierno con la denuncia de hechos supuestamente delictivos -y más en supuestos casos de corrupción- también "colaborar con la propia administración de justicia en la investigación e instrucción". Recuerdan la "complejidad y volumen de la documentación recopilada por la oposición municipal durante meses e innumerables horas de trabajo" y que su personación, ya que la conocen de primera mano, "puede resultar de gran utilidad para la investigación". La juez que se ha hecho del cargo Natalia Martínez -la segunda que los instruye en el juzgado 5 de Torrevieja en poco más de dos meses- no fija la cuantía para ser acusación. Algo que hará en caso de rechazar esta alegación socialista y si el PSOE decide finalmente seguir adelante presentando la querella.

En la denuncia de Fiscalía se detalla el uso supuestamente irregular de móviles pagados con el erario municipal que fueron usados para hacer llamadas a prostitutas, suscribirse a canales porno, realizar cientos de mensajes ajenos a la función de los ediles o llamadas y conexiones a internet internacionales, entre otros usos más allá de la conciliación de la vida laboral con la familiar. Entre los ediles que aparecen en el escrito del fiscal figura Daniel Plaza -que renunció a su acta de concejal-, Eduardo Gil Rebollo y Agustina Esteve.