El secretario del Ayuntamiento de Orihuela, Virgilio Estremera, no está dispuesto a ser víctima de coacciones y amenazas en su obligación de informar en relación a la mocion de censura del PP. Según confirmó ayer esta redacción, el fedatario municipal se podría plantear la posibilidad de ejercer actuaciones contra aquellos que le impidan ejercer su trabajo o duden de su honorabilidad en este asunto. Algunas de las declaraciones políticas surgidas tras conocerse ayer que el PP iba a presentar una moción han terminado por poner en duda la labor del secretario y este no está dispuesto a ello.
Por su parte, el equipo de gobierno de Orihuela (LV y PSOE) ha firmado poderes generales a letrados y procuradores para poder presentar querellas contra funcionarios y representantes públicos y políticos de la administración por los delitos recogidos en el título 19º del Código Penal, como son los de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude, negociaciones y actuaciones prohibidas a funcionarios públicos y abusos cometidos en el ejercicio de su función para el caso de que se convoque finalmente el pleno que solicita una moción de censura al actual alcalde. Algo que apunta directamente sobre el secretario municipal que debe decidir houy si tramita o no la moción de censura que le ha presentado esta mañana el grupo municipal del PP con la firma de la edil Asun Mayoral.
El bipartito considera «indecente esta moción de censura que intenta perpetrar el PP apoyándose «en dos concejales no adscritos, ya que más del 40% de los 12 concejales del PP incursos en procesos judiciales o condenados en firme y con la candidata a la alcaldía al borde de la imputación por las adjudicaciones de Fitur que realizó entre 2008 y 2011».
Para las mismas fuentes la «frustrada candidata a la alcaldía del primer intento de moción de censura, Mónica Lorente, está ya al borde del banquillo y del juicio oral acusada de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos por ejecutar una obra antes de adjudicarla y firmar su contrato» e imputada por cinco delitos en el caso Brugal. Un caso en el que también están imputados los actuales concejales del PP David Costa, José Manuel Cutillas y Araceli Vilella y los exediles del PP Antonio Lidón, Manuel Abadía, Ginés Sánchez y Antonio Rodríguez Murcia.
Costa
Además, el concejal David Costa también está imputado en la adjudicación del plan zonal de La Vega Baja, otra de las ramificaciones del caso Brugal, y ha sido imputado por tercera vez esta misma semana por la adjudicación del proyecto de la Ciudad Deportiva con un informe en contra de la arquitecta municipal.
Y finalmente, el edil Roberto López fue condenado en firme por la Audiencia Provincial de Alicante a una multa de 900 euros por sendas faltas de amenazas y lesiones tras haber mantenido una pelea en las fiestas de una pedanía.
Para el equipo de gobierno, «el PP provincial, regional y nacional ha avalado que todos ellos firmen una moción de censura ilegal con dos concejales no adscritos cuya rúbrica no es válida para conseguir a cualquier precio el poder en un Ayuntamiento que desde junio de 2011 ha recuperado la dignidad y su razón de ser».
