El grupo municipal socialista empleó la asignación que le entregó el Ayuntamiento para su funcionamiento interno durante cuatro años (entre 2007 y 2011) para sufragar el préstamo de la campaña electoral de 2007. A ese objetivo se habrían destinado 42.000 euros de las arcas municipales. Algunos miembros del anterior grupo municipal «y otros» según figura en la documentación a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, rubricaron el préstamo por 80.000 euros el 26 de abril de 2007 con Caja Rural Central, un mes antes de la cita electoral de mayo. Los comicios los ganó el Partido Popular (PP) por mayoría absoluta.
Entre junio de 2007 y mayo de 2011 los 750 euros mensuales (50 euros fijos y 100 euros por cada concejal) que los socialistas recibían como asignación para costear los gastos del grupo a cuenta del presupuesto municipal se transfirieron de forma automática a pagar el préstamo, según ha podido comprobar este diario. Por ejemplo, el 3 de septiembre de 2007 en la cuenta del grupo del PSOE se ingresaron 7.750 euros. El dinero terminó ese mismo día en la cuenta del préstamo. El grupo municipal socialista recibió en los primeros compases de la anterior mandato una asignación fija de 6.000 euros, más otra variable por cada uno de los concejales que sumaba esos 7.750 euros. Tras las desavenencias entre esta formación y el equipo de gobierno del PP esa cantidad se rebajó meses después a sólo esos 750 euros. En torno a la mitad del crédito estaría sin abonar y es de dudoso cobro.
El pleno aborda hoy el expediente que se va a remitir al Tribunal de Cuentas en el que se recoge la contabilidad de los grupos municipales de PP, PSOE, APTCe, IU y Los Verdes entre 2009 y 2013 y que no se presentaban al pleno hasta que esta institución advirtió de esa irregularidad hace meses.
Los actuales concejales del grupo socialista no han aportado esa documentación del periodo 2009-2011 porque aseguran que la desconocen. Cuando el exconcejal y exsecretario general del PSOE Ángel Giménez fue requerido por la interventora municipal para acreditar el uso que se había realizado de la asignación municipal explicó que «ninguno de los concejales disponía de un solo euro para gasto alguno» y que «en el mismo instante en el que se producía el ingreso mensual por parte del Ayuntamiento, se aplicaba directamente a dichos fines (...)» que el exsecretario general especifica en «sufragar los gastos de la agrupación municipal» sin aportar más detalles. Es más, el escrito de Giménez dice que a ese acuerdo llegó en el seno del grupo municipal y fue aprobado por la asamblea local, que dirige Ángel Sáez desde enero de 2008 y que, por lo tanto, lo conoce.
Cuenta corriente
La ejecutiva socialista no ha llegado a informar sobre este acuerdo pese a que alguno de los actuales concejales conocen el préstamo del anterior mandato y el PP lleva cuatro meses poniendo en duda la transparencia de la gestión económica de su asignación.
Además de lo que reflejan esos movimientos bancarios, el 21 de junio de 2007, un mes después de perder las elecciones, los siete concejales socialistas electos entonces y encabezados por el candidato y portavoz Ángel Giménez, además de las dos secretarias, rubricaron un documento en el que se comprometían a «domiciliar los ingresos derivados de su actividad municipal» para hacer frente al pago de las mensualidades del préstamo contraído con Caja Rural. El documento concretaba que debían aportar la cantidad de 150 euros de forma individual. Está rubricado por los exconcejales Ángel Giménez, Maria Jesús Díaz Puebla, Miguel Seva Sober,Antonio Torres, Manuel Vera y Maria Luisa Zafra (los dos últimos fueron expulsados del PSOE). Además aparece la firma de Dora Fernández, actual edil del grupo socialista y de la secretaria del grupo Silvia Ruiz (ambas en esos cargos en el anterior mandato).
Entre los reproches mutuos que se han lanzado los grupos sobre las supuestas irregularidades que reflejan sus respectivas cuentas figura el hecho de que el PSOE no ha justificado el uso que ha realizado de la asignación municipal entre 2009 y 2011, alegando que ninguno de los actuales ediles formaba parte del grupo en ese periodo a excepción de Dora Fernández, que no tenía, aseguran, acceso a esa contabilidad. Fuentes socialistas mantienen que el documento no se refiere a la asignación del grupo, solo al compromiso de pago individual de 150 euros.
El Tribunal de Cuentas, además de advertir de la carencia de esa rendición de cuentas, ha abierto diligencias para averiguar por qué el Ayuntamiento dejó prescribir el cobro de 4,6 millones de euros en concepto de IBI, como avanzó este diario el 21 de junio. Asunto que también va hoy a pleno.
