El Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital) reivindicó a través de un comunicado el funcionamiento democrático de la organización, después de las manifestaciones realizadas por el interventor de Orihuela, Fernando Urruticoechea Basozábal, en una entrevista en el periódico La Nueva España, del mismo grupo editorial que INFORMACIÓN, el pasado 3 de enero. Esta redacción se hizo eco de las graves afirmaciones del técnico sobre supuestas irregularidades que había descubierto en el Ayuntamiento de Orihuela y las comparó con el caso «Pokemon», que investiga en varias comunidades, como Galicia o Asturias, el supuesto favorecimiento de contratos a empresas para cobrar comisiones o pagar campañas electorales, pero además de ello, Urruticoechea también declaró que «el control interno en España no existe en ningún sitio» y que la directiva del Colegio de Interventores estaba formada por la «aristocracia de los interventores, todos con sueldos superiores a 100.000 euros anuales». Ante estas manifestaciones, Cosital aclara que el funcionamiento de la organización es «totalmente democrático» y que los miembros elegidos «no perciben remuneración ni compensación alguna por realizar sus labores, como así consta en el artículo 35 de su reglamento (...) Es totalmente falso que perciban un sueldo superior a 100.000 euros en la entidad local de destino como pueden comprobarse en sus presupuestos».

Además, Cosital recuerda que está defendiendo a Urruticoechea ante el juzgado de lo contencioso en «pleito aún pendiente» mediante asesoramiento ante el Tribunal de Cuentas, «cuando se le atribuyeron responsabilidades de las que, afortunadamente a nuestro parecer, fue exonerado».