Un juzgado de Orihuela ha citado la semana próxima al alcalde de San Fulgencio, Carlos Ramírez, para que preste declaración como imputado por un supuesto delito de prevaricación administrativa. Los hechos nacen de una denuncia del PSOE y el regidor, a preguntas de este diario, aseguró que no sabe qué tiene que explicar porque las acusaciones hacen referencia a una empresa que estaba operando en el municipio cuando él ya llegó al cargo, en 2011; es decir, que fue su antecesora en la Alcaldía, Trinidad Martínez (PSOE), quien también ha sido citada por el juzgado para aclarar este asunto, quien inició la relación con la mercantil. Ahora bien, los hechos por los que se le cita se refieren al final de la relación contractual con la empresa.

Según la denuncia, Ramírez habría permitido a partir de ese momento continuar con los pagos sin contrato alguno y sin cobertura jurídica con el objeto de, según la información judicial, beneficiar a un miembro del comité electoral del PP a la que se cita en las actuaciones y que sería una trabajadora. De la documentación aportada por los socialistas al procedimiento se desprende que la empresa solicitó en septiembre de 2011 la devolución del aval que había presentado al concluir una relación para el servicio de monitores deportivos e iniciado en 2010. En septiembre el Ayuntamiento accedió a ello pero ahí no acabó el servicio que comenzó a prestarse a través de cheques. Según la denuncia, el Ayuntamiento siguió abonando algo más de 2.000 euros al mes, mediante transferencia bancaria por el concepto «Servicio de Conserjería Polideportivo La Marina» a esta misma mercantil. Cuando los socialistas presentaron la denuncia la cuantía abonada ascendía ya a más de 38.000 euros.

El PSOE entiende que se trata de un contrato a todas las luces ilegal para beneficiar a una persona «estrechamente vinculada al alcalde del Ayuntamiento de San Fulgencio» pues formó parte del comité electoral que permitió a la lista popular ser la más votada y alcanzar la Alcaldía merced a un pacto con un partido independiente. Siempre según los denunciantes, un trabajador fue despedido de la mercantil para permitir la contratación de esta persona. De hecho, se facilitan sus datos al juzgado para que se le cite, igualmente, a declarar.

Ramírez, se mostró muy tranquilo e insistió en que todo se trata de una campaña de acoso desde que accedió al cargo, «no conozco a nadie en esa empresa, recuerdo que la contrató Trini (Martínez) que le pregunten a ella todos estos asuntos que me denuncian siempre acaban en el mismo sitio: archivados. Lo que dicen es ridículo. En este Ayuntamiento tenemos cosas más importantes de qué preocuparnos, como acabar con las deudas que dejaron los anteriores gestores y de ser los primeros que pagamos a todo el mundo». La socialista Trinidad Martínez, quien está apartada de la política, no quiso hacer declaraciones al respecto de este asunto.