El Ayuntamiento de Cox ha registrado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para alegar en contra de la solicitud de medidas cautelares pedidas por la exconcesionaria del Plan Zonal de la Vega Baja, la UTE Cespa-Ortiz, que requirió que se suspendiera la modificación del Plan General de Cox que prohibe la implantación de cualquier actividad relacionada con la gestión de las basuras.

El consistorio rechaza así la exposición de la UTE, que alegó que ese cambio en la normativa urbanística le impidió poner en marcha la planta de transferencia de residuos prevista en el contrato del Plan Zonal, argumentando que esa fue una de las causas por las que el Consorcio rescindió la millonaria contrata. Pero el Ayuntamiento no está dispuesto a ponérselo fácil a Cespa-Ortiz y hará todo lo posible por seguir blindado ante plantas de basuras.

Así, los servicios jurídicos del municipio han alegado que Cespa-Ortiz no está legitimado para pedir que se suspenda ese cambio en el Plan General debido a que perdió la concesión de las basuras de la comarca. Se recuerda también que aunque la UTE ha recurrido esa rescisión del contrato, no ha pedido en ese procedimiento que se adopte la medida cautelar de dejar en suspenso ese cambio del Plan General.

Terrenos

De igual forma, el consistorio cojense rechaza que ese cambio en la normativa urbanística local hiciera a Cespa-Ortiz perder la contrata por el retraso en la puesta en marcha de la planta de transferencia que se iba a ubicar en el municipio, y recuerda que si no pudo levantar esa instalación fue porque los propietarios de los terrenos se negaron a venderlos o alquilarlos para ese fin. En este sentido, destacan que el Consorcio apuntó como argumento para resolver el contrato que «los cánones propuestos por la adjudicataria no tenían en cuenta su oferta» y que se «ofertó por debajo del coste real de las instalaciones finales». Es decir, que la UTE ofertó una cosa y luego ofreció otra al Consorcio para hacerse con la millonaria adjudicación de las basuras.

Aunque Cespa-Ortiz todavía tendrá que presentar formalmente ese recurso contencioso contra el Ayuntamiento de Cox, el equipo de gobierno cojense sigue defendiendo que «no permitirá la instalación de una planta de transferencia fruto del mayor caso de corrupción de la provincia de Alicante. Batallaremos jurídicamente hasta donde sea necesario».