Dos de los investigados en la operación "César", de presunta corrupción en el tramo de las obras del AVE comprendido entre Crevillent y Murcia, por la Vega Baja, han recusado a la juez que investiga los hechos al considerar que ha perdido su imparcialidad y que retiene la causa sin justificación alguna, según Efe.
Se trata del ingeniero agrónomo del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, José Manuel Fernández Pujante, y de su hermano, Antonio José Fernández Pujante, señalado por otro de los investigados, el subcontratista de las obras, Juan Ortín, como beneficiarios, presuntamente, de comisiones ilegales que él mismo habría entregado personalmente al segundo. Las investigaciones no sólo han salpicado al técnico sino a un expresidente y un exsecretario del organismo que gestiona los intereses de los regantes y que igualmente aparecen investigados, además de haber sido detenidos hace un año, aunque ahora se encuentran en libertad.
En un recurso que su abogado defensor, el letrado Antonio García Montes, ha entregado en el Juzgado de Instrucción, al que ha tenido acceso Efe, se pide a su titular, la magistrada Olga Reverte, que se inhiba en favor de los Juzgados de Orihuela, por ser en esta población alicantina donde se realizaron las obras de reposición de redes hidráulicas afectadas por el trazado del AVE.
Sobre ese extremo, expone que en noviembre pasado admitió a trámite la solicitud de inhibición planteada por el abogado defensor de otro investigado, sin que lo haya resuelto todavía. El escrito añade que caso de que la magistrada, de forma voluntaria, no se desprenda de la causa, que se tramite la recusación que formalmente se contiene en el mismo.
El documento señala que la propia juez habría reconocido que no era competente para seguir con la tramitación de la causa en unos comentarios que vertió momentos antes de tomar declaración, recientemente, a uno de los investigados.
Esos supuestos comentarios, se dice en el escrito, habrían sido escuchados por el letrado de los hermanos Fernández Pujante y por los letrados de otros dos investigados.
Para el abogado García Montes, Reverte no debe seguir siendo la instructora de las diligencias porque al mantener su competencia sobre ellas ha perdido la imparcialidad al demostrar esa actitud "un interés directo" en el proceso.
El recurso se refiere también a que la magistrada no ha atendido la petición hecha de que ordene la transcripción de las declaraciones prestadas en la causa.
Afirma el abogado que las partes tienen derecho a recibir las declaraciones en papel, y no en vídeo, para lo que se acoge a lo acordado por un pleno no jurisdiccional del pasado enero de los magistrados de lo Penal de la Audiencia Provincial de Murcia en otro asunto de presunta corrupción urbanística.
El recurso se queja de que la instructora bloquease las cuentas bancarias de sus defendidos, en lugar de proceder a fijar la cuantía que correspondiera para afrontar las responsabilidades civiles que pudieran declararse en su día, lo que considera no está ajustado a Derecho.
Para abundar en ese extremo, cita lo acordado por el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz respecto de Luis Bárcenas, "del que solo acordó el bloqueo de sus cuentas 36 días después de haberle exigido la previa prestación de fianza y únicamente para impedir que pudiera trasladar capitales de un país a otro fuera de su jurisdicción".
La operación César investiga si en las obras del AVE del tramo citado pudo cometerse un fraude por un importe superior a los 9 millones de euros con la emisión de facturas falsas o con otras infladas. EFE
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