El PSOE de Orihuela presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue la falta de control del gasto público por parte del equipo de gobierno, desde que PP y Ciudadanos aprobaran, el 27 de mayo del pasado año en el pleno, el sistema de fiscalización previa limitada, que limitaba la labor del interventor al permitir aprobar proyectos de menos de 18.000 euros más IVA sin informe de Intervención.
Ese sistema fue la fórmula que empleó el gobierno municipal para poner coto a los constantes reparos que recibía por parte del que, hasta marzo, era interventor del Consistorio, Fernando Urruticoechea, quien hace dos meses cambió su plaza «por la persecución constante» que denunció sufría por parte del equipo de gobierno, quien reprochó públicamente en varias ocasiones al funcionario que «entorpecía la gestión económica».
De hecho, Urruticoechea puso 26 reparos a proyectos después de aprobarse el sistema de fiscalización previa limitada advirtiendo de su ilegalidad, pero que no pudo parar precisamente porque esa herramienta permite sacarlos adelante sin el informe previo del interventor, que sí puede fiscalizarlos a posteriori. Esos reparos fueron aportados ayer por los socialistas al fiscal anticorrupción.
Según la edil socialista, Carmen Gutiérrez, el gobierno municipal «maneja un presupuesto de 75 millones de euros sin que haya ningún técnico que le advierta de la legalidad de cada uno de los gastos». Y culpó como responsables de la situación de «descontrol económico» al alcalde, Emilio Bascuñana, al edil de Hacienda, Rafael Almagro y al actual interventor accidental por «haber consentido que en un año no haya control del gasto público».
Por su parte, el concejal de Hacienda señaló al periódico que el gobierno municipal «está muy tranquilo» tras asegurar que «fue Urruticoechea quien me recomendó que aprobáramos ese sistema para agilizar los trámites, como tienen otros consistorios, y el gasto siempre lo hacemos con el visto bueno de los técnicos».
