El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, ha desbloqueado de una forma muy poco ortodoxa el procedimiento para que Fomento ceda al Ayuntamiento un antiguo local de peones camineros, del Alto de la Casilla, para que se pueda trasladar allí antes del verano el Grupo de Refuerzo Operativo (GRO) de la Policía Local. El primer edil ha asumido de su bolsillo el pago del IBI de este inmueble desde 2007 hasta 2016. En total 691,36 euros. ¿Cómo es posible que el alcalde de una ciudad de 84.000 vecinos, 100 millones de euros de presupuesto anual y superávit de más 25 millones tenga que recurrir a rascarse el bolsillo para resolver un problema?

Dolón (Los Verdes) explicó que el actual equipo de gobierno solicitó al Ministerio de Fomento que le cediera este inmueble para poner en marcha el retén policial y que el único escollo para conseguirlo era la deuda que tenía pendiente el Estado, propietario de la casilla con SUMA. Unos recibos que el Ministerio no estaba dispuesto a asumir después de que este edificio fuese «ocupado» por el gobierno municipal del PP, para utilizarlo como Oficina de Turismo durante varios años.

El escrito del ministerio en septiembre de 2016 al Ayuntamiento argumentaba que «en octubre de 2007 se inauguró como oficina de turismo de ese Ayuntamiento, sin tener conocimiento de ello esta delegación y sin ningún expediente de cesión que diera cobertura legal a esta ocupación». Y señalaba que «en base a esa utilización por parte del Ayuntamiento, y tenido en cuenta la ocupación del inmueble, solicitamos que se arbitren por el Ayuntamiento los mecanismos para que Patrimonio del Estado no tenga que abonar los recibos reclamados por SUMA y estos sean asumidos por el Ayuntamiento».

El alcalde solicitó que se tramitará el pago de los recibos -691,36 euros-. Según dijo el primer edil ha estado «esperando» que se realizara durante todo este tiempo -9 meses- pero «desde Intervención no se ha facilitado ninguna solución para afrontarlo».

«Es más, la única solución que se planteó fue que se hiciera algún tipo de contrato por parte del Estado por el arrendamiento, cuando estamos hablando de que hubo una ocupación sin contar con nadie. Al final me he cansado de esperar y el día 4 fui e hice el pago de los recibos de mi cuenta y se ha solucionado el problema». «No tenía otra salida, seguir esperando y lamentarme de que sigan pasando los meses o ir y pagar».GRO

El alcalde dijo que su máximo interés y su «prioridad» al dar este paso es que finalmente el GRO se pueda trasladar a la casilla de los peones camineros para que la policía cuente con «unas instalaciones adecuadas -se invirtieron más de 120.000 euros en su reforma sin permiso como oficina de Turismo- lo que al final redunda en un buen servicio para los ciudadanos». Además, recordó que todo este asunto estaba paralizado por una suma «ridícula». «El verano está ahí, la necesidad de contar con estas instalaciones también y ahora ya no hay ningún impedimento». Dolón dijo también que cada mes que el GRO sigue prestando sus servicios desde la urbanización La Siesta «estamos perdiendo muchísimo más dinero» y «haciendo que un servicio se preste en malas condiciones, causando un perjuicio a la mayoría por no dar solución a un tema menor».

Con la decisión de Dolón de hacer público el pago el desencuentro con la Intervención municipal se hace evidente. El alcalde está jubilado. Ingresa su pensión como empleado de banca -dos mil euros mensuales- y asignaciones por asistencia a órganos colegiados (unos 1.500 euros de media mensuales que dona a ONG´s y a su partido).