El alcalde José Luis Sáez (PSOE) explicó que son los técnicos, y en especial la intervención, los que deben analizar la alegación y si debe asumirse. Sáez asegura que la parcela aparece en unas zonas como público (lo que genera derecho de expropiación) y otras como privada para uso terciario. Curiosamente, el gobierno municipal intentó eludir el pago de la expropiación iniciando en enero un trámite de modificación del PGOU para hacer compatible el uso residencial sobre ese terreno. Es decir, los técnicos -ahora- entienden que no existe una necesidad imperiosa de una dotación pública allí. Según Sáez, que ha podido sacar adelante los presupuestos con el respaldo de IU y Queremos, en caso de que se contemple, la esencia de las cuentas no se verá modificada. Los presupuestos de 2017 contemplan un saldo de ingresos y gastos de 16 millones de euros. La mitad se destina a gasto de personal, en torno a 8 millones de euros, otros 6 millones acabarán sufragando el gasto corriente del funcionamiento diario del municipio, mientras que el resto se destina a amortizar deuda.
