El juzgado de Instrucción Número 1 de Torrevieja ha llamado a declarar como imputados a siete profesores y monitores del Taller de Empleo Mediterráneo que entre 2014 y 2015 participaron en la formación de estudiantes trabajadores y construcción de un parque público en San Luis. Entre los nuevos investigados, que se suman a la concejal de Personal, Contratación y Aseo Urbano, Carmen Gómez (PP), deberá comparecer con abogado la concejal de Obras y Servicios, Sandra Sánchez, en aquel momento profesora del taller.
Las diligencias de investigación fueron abiertas por una denuncia del anterior equipo de gobierno de coalición de izquierdas -y en las que ahora está personado el PSOE de Torrevieja- para tratar de esclarecer si los encargos de material de obras por valor de más 180.000 euros para ese taller se realizaron exclusivamente a través de llamadas de teléfono y vía WhatsApp, sin procedimiento de contratación alguno, tampoco de contratación menor pese al importe de los encargos, además de la supuesta ausencia de proyecto para llevar a cabo los obras, sobre iunos 40.000 metros cuadrados. También indaga en la forma de contratación de los alumnos trabajadores, profesores y monitores. El encargo de suministros por teléfono y mensajería de móvil fue ratificado en declaraciones a la Guardia Civil por responsables de las empresas proveedoras -que tuvieron que reclamar los importes del material por la vía judicial-, una vez que el anterior gobierno paralizó cualquier pago al detectar y denunciar las supuestas irregularidades.
Estas nuevas imputaciones se derivan de la comparecencia de los monitores y profesores ante la Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrevieja como testigos el pasado mes de enero. En esas declaraciones, que se realizaron como diligencias ampliatorias, la mayor parte de los monitores y profesores aseguran no conocer quién estaba al cargo de las obras ni quién era responsable de encargar los materiales, y tampoco vieron proyecto alguno. Sin embargo dos declarantes señalan a Sandra Sánchez como responsable de la obra mientras que el director del taller apunta a la edil Carmen Gómez.
En sus declaraciones ante la Guardia Civil, Sánchez indicó que desconocía la forma de contratación de la obras aunque sí concretó que las personas responsables o encargadas de recepcionar los materiales eran los monitores "a necesidad de las obras", o la dirección del taller, "realizándose pedidos a las empresas usuales (sic) en los suministros". A preguntas de los investigadores la concejala señaló que "era un plan establecido repartido por materiales y cada docente o monitor tenía establecido la tarea a realizar y no había un coordinador propiamente dicho como tal". La Guardia Civil insistió en que aclarara quién era la persona que impartía indicaciones sobre la ejecución y desarrollo de obras y modo de hacer y la concejala respondió que como "en todos los talleres de empleo se realizaba según las necesidades del taller, y no era una sola persona la que diera indicaciones sobre las ejecuciones y desarrollos de las obras".
"Un desconcierto total"
El director del taller, responsable de la formación de los 40 alumnos trabajadores y profesorado, asegura que no llegó a ver los contratos con los suministradores en ninguna ocasión declarando que "la persona que hacía y deshacía era la concejala Carmen Gómez, llegando a ser un suplicio por no seguir orden y concierto en las obras". El mismo director mantiene que tuvo que emitir varios informes en el sentido de que las empresas suministradoras de material "no se ajustaban a lo establecido" en los criterios de contratación de publicidad y libre concurrencia. También añadió que era coordinador de formación y prácticas junto al profesorado pero que "era un desconcierto total, ya que no se seguía un plan determinado" y se "producían alteraciones continuas por orden de la concejala" Gómez, que suma a esta imputación la investigación de la Fiscalía Anticorrupción por el plan de choque de limpieza.
Además añade que solo pudo supervisar el módulo de prácticas del taller, no el de aportación municipal de material, "porque no había contratos" y no se podía tramitar. El mismo declarante mantiene que no vio el proyecto de las obras, pero asegura que podría estar firmado por el hermano de la concejal Carmen Gómez, también contratado en el taller, que ha sido llamado a declarar en las diligencias policiales pero no ha acudido y que está pendiente de ser llamado a declarar como investigado.
Por su parte la persona que ejerció las labores de auxiliar administrativa, también imputada tras su declaración, señaló que se le facilitó una aplicación para la gestión de albaranes y facturas por parte de la Intervención del Ayuntamiento de Torrevieja.
