El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada lidera uno de los primeros proyectos de legalización de zonas viviendas ilegales en firme a través de un proyecto de minimización de impactos que se acoge a la reforma de la LOTUP, que permite legalizar casas en suelo rústico. Lo hace antes incluso de que se ponga en marcha la oficina de gestión prevista para toda la Comunidad Valenciana en Elche, en la que van delegar casi todos los municipios sus competencias urbanísticas sobre construcciones sin licencia en suelo rústico. Los ayuntamientos optan por eludir, con bastante alivio, la responsabilidad de ordenar las demoliciones de viviendas de sus propios vecinos. Aunque Pilar ha decidido ser el primero cuando ya se puedan tramitar estos expedientes. Pinar de la Perdiz es la típica zona residencial que creció en los años ochenta bajo la garantía de poder construir sobre parcelas de cinco mil metros cuadrados. Pero del texto legal a la actuación sobre el terreno todo son complicaciones. Cuenta con un suministro de agua no potable procedente del pozo Casablanca, situado ya en la Región de Murcia, precario y que podría resultar no valido para tareas domésticas como la ducha o la limpieza. Tampoco cuenta con viales urbanizados. El residencial, con 250 parcelas, tiene unas 140 casas levantadas, sin agua potable ni viales, pero en un emplazamiento espectacular, en plena Sierra Escalona sobre suelo de Paisaje Protegido.
El concejal Ángel Albaladejo (PP) explica que lo que garantiza el plan de minimización de impactos, encargado a un despacho de abogados urbanistas y técnicos, es la garantía de vertido de aguas residuales a depósitos biológicos y la disposición individual de un depósito de agua potable a rellenar con cubas. Contando con eso, todas las viviendas que puedan acreditar que estaban terminadas el 20 de agosto de 2014 podrán ser legalizadas. Pero hay peros. Los técnicos municipales señalan que hay que garantizar que los servicios de emergencia, como bomberos, sanitarios o policía, puedan acceder a cada una de las viviendas. Algo que ahora no está garantizado. La situación de protección ambiental de este paraje impide una nivel de urbanización mayor. El Ayuntamiento baraja que cada uno de los vecinos pueda adecuar su «trozo» de camino, y es en ese momento cuando llega la división. Si se realiza una actuación conjunta, todos los propietarios deben pagar. Lo mismo ocurre con el suministro de agua. Si no se quiere depender de las cubas de por vida se puede plantear una impulsión desde Pinar de Campoverde que deberían costear los vecinos. Como en tantas zonas residenciales fuera de la legalidad, la comunidad está dividida entre una minoría en contra del proceso y la mayoría que lo impulsa.
«Los propietarios van a tener una oportunidad ahora que quizá ya no puedan aprovechar después. Porque hay que dejarlo claro. Yo creo que la agencia que pone en marcha la Generalitat es para legalizar, hacer tabla rada y desde ese momento no consentir ni una vivienda ilegal mas», explica el edil. «Hay que tener en cuenta que los vecinos pagan el IBI, sí, pero también que el resto de los que han comprado su vivienda han pagado un suelo urbano y los costes de urbanización».
Nuevas obras y expedientes de infracción
El anuncio de la Generalitat de que va a legalizar las viviendas sin licencia en suelo rústico ha generado un efecto paradójico en algunas de las zonas de la provincia en las que más proliferan este tipo de viviendas: la aceleración de las construcciones. El año pasado se construyeron varias viviendas de nueva planta en Pinar de la Perdiz que ya tienen expediente de infracción y nunca podrán legalizarse.
