Los únicos kilómetros de acantilado litoral y calas libres de cemento que quedan en Orihuela Costa pueden tener los días contados. El pleno ordinario del Ayuntamiento de Orihuela del mes de julio tiene previsto aprobar definitivamente el plan urbanístico de Cala La Mosca. Técnicamente -para que nadie lo entienda- es la «Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector D-1, Alameda del Mar». Un proyecto con capacidad para albergar 2.274 viviendas sobre 456.009 metros cuadrados y 1,9 kilómetros lineales de litoral: el último libre de urbanización de Orihuela Costa.
Cambiemos Orihuela anunció ayer que el visto bueno definitivo ha sido incluido en las comisiones previas al pleno por el gobierno de coalición PP-Cs y que el expediente presenta dos informes de los técnicos que no son favorables a la aprobación definitiva, además de condicionantes jurídicos por parte del secretario general del pleno. Los concejales Javier Gracia y Carlos Bernabé desvelaron que Cambiemos ha presentado un escrito de denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en el que señala lo que a su juicio son «graves irregularidades» y «posibles delitos» en la tramitación de este polémico expediente urbanístico. «No pensábamos hacer público este escrito hasta conocer los siguientes pasos de la Fiscalía, pero la locura que está haciendo el gobierno nos obliga a hacerlo. Lo de Cala Mosca no sólo es un atentado medioambiental, económico y social contra Orihuela, también es una salvajada a nivel jurídico», según señaló ayer Carlos Bernabé. Ciudadanos, que gestiona el área de Urbanismo, no se pronunció ayer sobre este asunto que, al contrario de lo que sucede estos días con otros temas, no divide al gobierno de coalición.
El procedimiento de aprobación se remonta a principios de la década de los dos mil. El plan parcial se aprobó el 30 de julio de 2002 y su programa de desarrollo, en octubre de 2007. La promotora Gomendio lo inició en función de la condición de urbanizables de los terrenos en el Plan General de Orihuela (PGOU) de 1990. Esta calificación es la que ha impedido descartar un planeamiento que ha cosechado rechazo social en Orihuela Costa y que afecta a tramos de litoral a los que ahora solo se puede acceder a pie o en bicicleta. Es un reducto de gran valor paisajístico y ambiental de litoral sin masificar en los más de 30 kilómetros de cemento y ladrillo entre Torrevieja y Pilar de la Horadada. Maquia mediterránea de lentisco y palmito que cuenta además con 5.000 ejemplares de jarilla de cabeza de gato (Helianthemum caput-felis) , el 18% de la población de todo el país de esta especie de flora protegida y endémica del sureste peninsular. Todo en el ámbito del espacio marino protegido del LIC de Cabo Roig.
Fue el Consell del Botànic el que, cuando tuvo la oportunidad de descartar la urbanización, la consolidó en el planeamiento al reconocer el derecho a la promotora a urbanizar en el Plan de Infraestructuras Verdes del Litoral (Pativel). Antes, en 2010, las reinvidicaciones de partidos y entidades sociales obligaron al Gobierno de España, y después al Consell, ante una reclamación en el comité de quejas de la Unión Europea, a paralizar la obra cuando ya estaba en proceso de urbanización y a someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental. Proceso que ha suavizado, sin modificar su esencia de residencial de viviendas turísticas en primera línea, parámetros del proyecto como los que preservan la jarilla y otras especies, como el raro caracol Tudorella mauretanica.
Como recogió este diario, Gomendio advirtió solo hace dos semanas que el Ayuntamiento se enfrentaría a una reclamación patrimonial de 213 millones si no aprobaba el plan, algo que Cambiemos y Unidas Podemos-Esquerra Unida califican de chantaje. El PSOE no ha llegado a valorar las últimas secuencias del procedimiento.
Según señaló el concejal Javier Gracia, la propuesta de acuerdo presenta irregularidades y carencias, como informes desfavorables de técnicos municipales, ausencia de informes preceptivos y condicionantes «muy claros impuestos por la Secretaría general del Ayuntamiento» que no estarían siendo cumplidos.
Entre las prisas y las advertencias jurídicas del secretario
Según Cambiemos Orihuela, la nueva propuesta «no cuenta con informe de la dirección General de Medio Ambiente Natural, ni del área de Hacienda, ni sobre la adecuación a «las exigencias» de la dirección General de Sostenibilidad de la Costa. «Estas prisas no se entienden sin atender a las constantes presiones del promotor a las instituciones», según el edil Javier Gracia. «El gobierno local, a través del concejal de Urbanismo y del Jefe del Área, ya intentó en octubre de 2020 llevar esto a pleno, lo cual dio lugar a un informe demoledor de los servicios jurídicos que señalaba muy claramente las carencias técnicas y jurídicas del proyecto», apunta el edil.
