La Concejalía de Infraestructuras de Orihuela ha encargado un informe a una empresa externa para evaluar la calidad del servicio de mantenimiento, conservación y reparación de vías y espacios públicos de Orihuela Costa, un contrato que se adjudicó en febrero de 2020 a la empresa Zaplana Caselles después de que esta recurriera por discrepancias en la puntuación la licitación que había ganado la UTE Los Serranos.
Desde entonces la mercantil ha denunciado diversas maniobras por parte del concejal Ángel Noguera para entorpecer el desarrollo de su actividad por "intereses desconocidos y animadversión, llevando a cabo una serie de actuaciones, actos administrativos y resoluciones arbitrarias e injustas". Hasta en dos ocasiones ha registrado en el Ayuntamiento escritos para suspender el contrato por impagos de las facturas, algo que permite la ley cuando se encadenan cinco mensualidades sin pagar y que conlleva una indemnización por daños y perjuicios que debe desembolsar la Administración.
A su vez, este hecho se ha convertido en otro caballo de batalla entre los socios de gobierno (PP y Ciudadanos). Los unos votando a favor y los otros oponiéndose al abono de las cuantías mensuales. En este momento, afirma la empresa, se le adeuda desde octubre unos 186.000 euros, y señala que lo que se pretende es "la asfixia económica". En este sentido, indica que "si existe algún tipo de disconformidad con la ejecución del contrato lo que corresponde es instar el procedimiento administrativo que corresponda, pero en ningún caso no desembolsar los importes por un servicio prestado".
Además, manifiesta que se obstaculiza su labor negándoles suministros de material, e incluso recuerda que "el supervisor municipal del contrato cursó baja por presiones del edil, que designó a José Antonio Albaladejo", una propuesta que se aprobó en la junta de gobierno local. El mismo órgano acaba de nombrar a este técnico para el control del contrato de suministros.
También es Albaladejo quien en agosto emite un informe que determina un incumplimiento, ya que la empresa propuso en su oferta una mejora de las instalaciones, disponiendo al menos de un establecimiento para el depósito de los vehículos, maquinaria, herramientas y útiles. Sin embargo, usa una parcela en Playa Flamenca en la que los materiales y vehículos quedan al aire libre, por lo que el técnico subraya que esto puede provocar deterioro y robos, además de reflejar malas condiciones de orden y limpieza. Por ello, concluye que "no cumple con las propuestas en la oferta de adjudicación, repercutiendo de forma directa en el correcto funcionamiento del servicio y provocando una pérdida de la calidad".
En este punto la adjudicataria argumenta que tienen el acta de aprobación por parte de Intervención de la puesta en marcha y que el lugar fue el que propuso el propio Ayuntamiento. Asimismo, aseguran que ha enviado varios escritos, incluso denuncias de los vecinos, para que el consistorio retire la basura, enseres, escombros y antiguos chiringuitos que heredaron de la anterior contrata.
Ahora, la evaluación externa, a la que ha tenido acceso este diario, valora todo ello económicamente, estimando un coste anual de 34.500 euros. Es decir, propone que el Ayuntamiento descuente a la empresa "desde agosto, mes en el que los órganos públicos competentes detectan las incoherencias con el contrato, hasta la fecha en la que se vean subsanadas, y con carácter retroactivo, 2.875 euros mensuales".
Desde Zaplana Caselles manifiestan que es una nueva maniobra en lo que define como un pulso de Infraestructuras para que dejen de prestar el servicio. Por su parte, fuentes de Ciudadanos sostienen que su único fin es que la empresa cumpla, además de no incurrir en prevaricación por pagar por un servicio que no se está prestando al completo. Su objetivo, insisten, es cuantificar la indemnización que el Ayuntamiento puede exigir a la mercantil por incumplimiento. Las mismas fuentes señalan que este informe, que realiza GreenBlau, no es definitivo y que se está elaborando otro más completo por parte de Aymed, que, según ha podido constatar este periódico, tiene el mismo gerente. En cualquier caso, estas evaluaciones tendrán que contar con el visto bueno de la junta de gobierno.
Mientras, se suceden las quejas de los ciudadanos a pesar de que este contrato, de 3,3 millones, se anunció como una mejora. La Asociación de Vecinos Orihuela Costa en Acción (Avoca) hace hincapié, entre otras cosas, en la insuficiente calidad de las reparaciones de baches. En este sentido, recuerda que Infraestructuras tiene mucho que hacer en cuanto a los materiales y la planificación de los trabajos, ya que, según tenemos entendido, deja muy poco margen a los responsables de la contrata".
