El promotor urbanístico del plan parcial del sector Alameda del Mar, más conocido como Cala Mosca, el último kilómetro de costa virgen en Orihuela, confía en retomar las obras 15 años después de haberlas iniciado. En ese momento la Conselleria de Medio Ambiente paralizó el proyecto al encontrarse en los terrenos poblaciones de flora y fauna amenazada y protegida, lo que implicaba una autorización previa de la Generalitat. En concreto, el raro caracol Tudorella mauretanica y la jarilla cabeza de gato, una especie endémica del sureste peninsular que tiene en el sur de la provincia su mayor número de ejemplares identificados en el mundo.
A partir de entonces el agente urbanizador, que prevé la construcción de más de 2.000 viviendas, modificó el plan en base a los requerimientos de la Administración que obligaban a rehacer un proyecto que ya había comenzado a trazar algunos elementos de la urbanización, como calles.
La jarilla cabeza de gato en este sector presenta un elevado número de ejemplares, de los mejor conservados en Orihuela junto a los de microrreserva de flora de la Punta de la Glea. Fruto de esas modificaciones, la constructora considera que "se ha realizado una reforma modélica en la protección ambiental del litoral". Aún más: "Este proyecto urbanístico es un referente y un hito de protección ambiental en la costa a nivel de toda España", al "liberar" 60.000 metros cuadrados de superficie, "quedando exenta del proceso de transformación urbanística y edificatoria" para preservar esta especie. Esto supone un 13,6% del total, teniendo en cuenta que el sector dispone de 440.000 metros cuadrados.
"Hemos trabajado durante 15 años para cumplir con todas las medidas legales exigidas", insisten en un comunicado, y se muestran satisfechos del resultado de "haber modificado el proyecto para crear una microrreserva de flora que garantice la protección de especies endémicas en este enclave en primera línea de costa". También señalan que "tanto el coste de intervención en ese espacio como su mantenimiento corren de cuenta del agente urbanizador y de los futuros propietarios del resto de la urbanización".
Por último, señalan que siguen "manteniendo la misma disposición demostrada para atender cualquier exigencia que mejore el proyecto", mostrando confianza en "abrir un nuevo diálogo con la Demarcación de Carreteras de la Comunidad Valenciana que pueda desbloquear su oposición al plan". El Gobierno ha presentado un contencioso administrativo contra la aprobación en el pleno municipal de septiembre al no tenerse en cuenta un informe "preceptivo y vinculante" que advertía de que afecta a la seguridad vial, aumenta la congestión de la N-332 y repercute en la salud con una merma de la calidad acústica.
Este recurso también solicitaba la paralización cautelar del plan, aunque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha rechazado esta medida. A la espera de que el tribunal entre en el fondo de la cuestión para dictaminar sentencia, insisten en que "el proyecto ofrece todas las garantías del cumplimiento escrupuloso de la ley con la mayor protección medioambiental del litoral oriolano", al mismo tiempo que indican que "el expediente está completo a falta de un par de informes técnicos, siendo previsible que pueda ser aprobado definitivamente en pocos meses". Para reiniciar las obras antes de que venza el plazo, en el primer trimestre de 2023, que marcó el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel).
