La dirección general de Puertos de la Generalitat ha ordenado la demolición del muro, la valla y las puertas que privatizaron el verano pasado el acceso público a la cala del Lobo Marino, en la urbanización Rocas Blancas, junto al aparcamiento del Eden Roc en Torrevieja. Estas construcciones fueron levantadas sin autorización y de forma ilegal, según la misma resolución, por un particular supuestamente en representación de la comunidad de propietarios de esa urbanización. Además le impone una multa de 1.312 euros por infracción grave a la ley de Costas.
El expediente se refiere únicamente a las infracciones sobre servidumbre de protección y tránsito de la ley de Costas, de las que tiene competencia la Generalitat, mientras que Costas podría resolver otro expediente por el cierre de la escalera que daba acceso exclusivo a la cala a los vecinos de la urbanización pese a ser un espacio de dominio público.
La resolución de la Conselleria indica que a finales de junio de 2021 el representante de la comunidad de este residencial situado sobre el acantilado a cuyos pies se encuentra la cala, presentó un proyecto de "conservación y mantenimiento de los muros y la escalera de acceso a la cala". Pero sin esperar autorización alguna las obras ya estaban ejecutadas sobre el terreno. Sin tener la respuesta de la administración autonómica, ni el permiso del servicio provincial de Costas, el promotor cerró con una valla automática opaca de cuatro metros de ancho y dos de altura el camino, que de este modo solo era accesible a los vehículos de los propietarios de viviendas de la urbanización. Un vial que sin embargo discurre por servidumbre de protección y tránsito de la Ley de Costas. Además de la valla, se instaló una puerta con llave y señalización de prohibido el paso a cualquier persona ajena a la urbanización en la escalera que da acceso exclusivo al mar, construida en dominio público -sin concesión- y que permite bajar a la cala salvando el alto desnivel rocoso. Todo, vial y escalera, era de acceso público antes de las obras.
El 1 de octubre, tres semanas después de que este diario diera cuenta de la privatización del acceso, personal del servicio de vigilancia de Costas del Ministerio de Transición Ecológica visitó la zona y confirmó que todas las obras solicitadas -y algunas más- se habían realizado sobre el terreno sin ningún tipo de autorización, ni de la Generalitat, ni de Costas. Sobre el cierre de la escalera la policía de Costas advertía que fue "construida hace muchos años" y es la única que permite el acceso público al mar en un tramo de 500 metros" de esta abrupta zona de acantilado del litoral de Torrevieja. El mismo informe indica que la "naturaleza y alcance de las obras excede de las pequeñas reparaciones" y que por detrás de la finca discurre una carretera que no presenta ni condiciones para los peatones ni acceso al mar. En ese documento se emite una resolución desfavorable a la legación de las obras porque la servidumbre de tránsito no queda garantizado".
El 17 de noviembre de 2021 fue la Generalitat la que realizó su propia evaluación de las obras advirtiendo que antes de la construcción del muro, de la valla y de la puerta en la escalera, el acceso al mar estaba libre, y añadía además que la legislación prohíbe las obras que impidan el acceso al litoral sin una alternativa autorizada. En la solicitud del particular no aparece acreditada la constitución de la comunidad de propietarios, ni del título de la propiedad, ni la aprobación de las obras por esa comunidad.
En el trámite de audiencia el infractor justifica la actuación que de facto privatiza un terreno de libre acceso, en el hecho de que la zona de tránsito -una calle- atraviesa un residencial privado y en los supuestos actos vandálicos que ha sufrido el paraje por el abandono del antiguo edificio del Eden Roc, adquirido recientemente por una empresa francesa para rehabilitarlo. Ante el expediente de infracción asegura que va a abrir una puerta de acceso peatonal además de retirar el bombín con llave de la escalera. "La voluntad es respetar la servidumbre de protección y no impedir el acceso a la cala a nadie". También cita la posibilidad de buscar una "alternativa" con el Ayuntamiento de Torrevieja -que sin embargo carece de competencia en este asunto- para garantizar ese tránsito.
La respuesta de la Generalitat es clara en este sentido, confirma la sanción y la orden de demolición de las obras, además de sugerir que si se quiere plantear "cualquier alternativa" se haga ante la Administración del Estado. Advierte además que si no se cumple la orden el infractor, que puede recurrir este resolución, se enfrentaría a la imposición de multas coercitivas.
Por su parte, Los Verdes de Torrevieja, que han realizado un seguimiento de este expediente en el Ayuntamiento "ha celebrado que desde el órgano competente se inste a la restitución de la legalidad urbanística y condenamos que un particular ha pretendido privatizar un acceso público a la costa".
LOS PROPIETARIOS JUSTIFICAN LA APROPIACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO EN PRIMERA LÍNEA DEL MAR EN "PROBLEMAS DE SEGURIDAD"
El abogado de la comunidad de propietarios, Juan Chapapría explicó ayer a INFORMACIÓN que el acceso ha estado abierto durante más de 30 años. Según el letrado, que representa al infractor que aparece como representante de la comunidad "fue a raíz del Covid-19 que por el cierre de bares cercanos y del inicio de obras en el Hotel Edén, cuando hubo gente que solía utilizar la parte exterior del hotel para quedar o para resguardarse y dormir, cuando decidieron hacerlo en el interior del residencial". Un argumento que no aparece en las alegaciones ante la Conselleria. Según la misma fuente "esta situación ha provocado alguna situación de inseguridad para los vecinos". La intención de los propietario es la de llegar a un acuerdo con Costas y con el Ministerio para la Transición ecológica, "que permita el acceso peatonal al residencial, a través de una senda que conduzca hasta las escaleras de acceso a la cala". Este propuesta que ya "se ha planteado en reuniones al Ayuntamiento" y, que documentalmente se presentará en los próximas semanas. Según el abogado "puede ser una buena solución para vecinos y administraciones, mientras se trabaja en un Plan Especial para el sector que necesita de ordenación urbanística, al ser las mayoría de construcciones anteriores al Plan General". Además, daría respuesta a las necesidades del nuevo Hotel y de los servicios que ha de prestar. La Generalitat insiste en que la actuación de los propietarios supone una infracción grave a la ley de Costas, que hay que restituir la legalidad. El Ayuntamiento carece de competencias para disponer sobre esta zona en servidumbre de Tránsito. De hecho, abrió un expediente sancionador, como avanzó este diario, pero finalmente ha sido la Generalitat la que lo ha resuelto.
