El descenso en los ingresos por la recaudación de la plusvalía ya es una de las principales preocupaciones de la gestión económica del Ayuntamiento de Torrevieja. El concejal de Hacienda, Domingo Paredes, reconoció que en los seis primeros meses del año las arcas municipales solo han recibido 1.665.000 euros de ingresos por este impuesto, cuando el año pasado, en la misma fecha, ya superaba los siete millones y la previsión recogida en los presupuestos prorrogados de 2022 era que se recibieran 22 millones por todo el ejercicio -diez de ellos en la primera mitad del año-. Los ingresos se han hundido a la sexta parte de los previstos inicialmente. Fue la respuesta a una pregunta del portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, que lleva meses advirtiendo que el gobierno local no está siendo realista a la hora de ajustar sus previsiones de inversión y gasto corriente a este nuevo escenario.
Antes de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que derogó a finales de 2021 el cálculo del impuesto por injusto el tributo suponía una media del 6,3% de los ingresos tributarios de los ayuntamientos, pero en Torrevieja tenía un impacto de casi el 38% -el segundo por porcentaje de todos los municipios de España- . En este sentido, Samper desvela que el Ayuntamiento contemplaba en el presupuesto prorrogado de 2021 para 2022, unos ingresos «ficticios» de plusvalía de más de 22,24 millones de euros. Para esta formación «la situación económica del Ayuntamiento a medio plazo es más grave de lo que creíamos».
De ahí también que el alcalde Eduardo Dolón (PP) haya pedido a la Federación Española de Municipios y Provincias formar parte de la comisión que va analizar cómo se puede compensar a los municipios más afectados por la modificación legal. Además, desde noviembre, tras el fallo judicial, el Ayuntamiento ha tenido que afrontar además la devolución por reclamaciones administrativas y judiciales de particulares y empresas por valor de 4 millones de euros.
Sueña Torrevieja cuestiona que el PP no haya sido realista a la hora de gestionar y contemplara una recaudación multimillonaria por el impuesto pese a la sentencia del TC, algo que afectará a la financiación de contratos como el de las basuras
La cifra de este 2022 contrasta con el hecho de que Torrevieja, además era el séptimo municipio de España que más ingresos recibía por el tributo. Por ejemplo, con 88.000 vecinos, pero un enorme mercado de compra y venta de viviendas secundarias, recaudaba más por plusvalía que la ciudad de València, ocho veces mayor en población.
El hundimiento de la recaudación se explica en la sentencia del TC que anuló en noviembre de 2021 la fórmula con la que se calculaba el impuesto. Ya no se cobra si no existe incremento de valor de la propiedad entre la primera compra y la última transmisión de la propiedad. A la modificación de la legislación se suma en el caso de Torrevieja el retraso de la administración local a la hora de adaptar su ordenanza fiscal a ese cambio a nivel estatal, que sigue sin estar vigente. Paredes insiste en que en este caso los juzgados no darían la razón a los recurrentes. Samper afirma que gran parte de fiscalistas y juristas, consideran que desde el 11 de mayo, fecha límite para que el municipio adaptara definitivamente su ordenanza fiscal al nuevo texto, «se da un vacío legal que podría hacer nulo de pleno derecho las liquidaciones practicadas desde esa fecha», ya que este impuesto se considera de carácter potestativo por lo que puede interpretarse que el Ayuntamiento no quiere aplicarlo al no haber modificado a tiempo su ordenanza tal y como fijaba el real decreto estatal.
Superávit y ataduras con los contratos
Hasta finales de 2021 las cuentas municipales han disfrutado de una situación envidiable. Una deuda viva casi inapreciable comprada con los más de 60 millones que debía a los bancos hace una década y que fue liquidada por el anterior mandato municipal. Cien millones de euros y un margen de maniobra total con la suspensión de las reglas fiscales de gasto público que ha permitido al municipio ese superávit en gasto corriente y las inversiones millonarias sin la amenaza siempre presente antes del covid de la intervención del Ministerio de Hacienda. El escenario ha cambiado, y aunque el municipio sigue ingresando casi el 40% de su presupuesto ordinario con el IBI, ha comprometido 25 millones de euros anuales en el pago del nuevo servicio de recogida de basura y debe asumir otros treinta en el capítulo de personal, entre otros servicios públicos, que quiere adjudicar -8 millones anuales del bus urbano, por ejemplo-.
