Establecer los límites territoriales, desde las fronteras nacionales hasta la división del Estado en municipios, suele ir acompañado de guerras, pleitos y (des)acuerdos. Estas líneas, en muchos casos difusas, son fuente de conflictos que marcan no solo la geografía sino también lo cotidiano, puesto que la organización administrativa de un territorio condiciona los derechos y deberes de un ciudadano y hasta los beneficios fiscales o a quién solicitar un permiso de obra.

Tras varios años, se ha aprobado de forma definitiva una modificación de los términos municipales de Callosa de Segura y Cox. En concreto, el Consell ha dado luz verde a un decreto que regula la línea límite entre ambos municipios. De esta forma, se establece un nuevo trazado que, según el texto, ha sido fruto de "un procedimiento de tramitación voluntaria y conjunta" por parte de los dos ayuntamientos. Pero el proceso hasta llegar a un intercambio mutuo de superficie, por el que Callosa suma 294 metros cuadrados nuevos que pertenecen a Cox -y viceversa-, no ha sido fácil.

Ya en 2013 se propuso una comisión de deslinde por parte del Ayuntamiento de Cox, mientras que en 2014 fue la Generalitat la que la convocó, aunque en esa ocasión el consistorio callosino no se presentó. Tras más de una década de reivindicaciones de una comunidad de vecinos, la negociación llegó en 2017, cuando se realizó la primera comisión, en la que hizo falta la intermediación del Instituto Geográfico Nacional.

Los técnicos recuperaron la geometría del acta de deslinde entre ambos términos levantada por el Instituto Geográfico y Estadístico el 18 de diciembre de 1897. También se utilizaron fotogramas aéreos del vuelo efectuado por Ruiz de Alda en la década de 1920. Además, se sirvieron de una acequia y de los restos de un mojón para establecer los nuevos límites.

Así, el acuerdo se alcanzó el 16 de mayo de 2019. Posteriormente, se ratificó en los plenos de sendas corporaciones, 10 de noviembre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021. Todo ello, especifica el decreto, "de común acuerdo y con carácter voluntario", con el fin de que "cada parcela afectada quedase ubicada en un solo término municipal y de esta forma terminar con los actuales problemas administrativos, de gestión y prestación de servicios".

Y es que la línea que dividía los municipios dejaba parcelas y edificaciones a caballo entre los dos términos municipales, lo que provocaba numerosas quejas de los residentes del número 29 de la calle La Hoya. Los vecinos del edificio de la Punteta, que se encontraban en un limbo hasta ahora, han llegado a pagar recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por duplicado a ambos ayuntamientos. Así, Callosa obtenía suculentos ingresos de un total de 12 viviendas, cuatro bajos comerciales y 17 cocheras, mientras que Cox ingresaba la tasa de los vados, el agua y las licencias de apertura de establecimientos.

Incluso, se daba la paradoja de que la licencia de obra del inmueble la concedió el Ayuntamiento de Cox, cuyo Plan General calificaba esos terrenos como urbanizables; sin embargo, el de la vecina población de Callosa, donde se sitúa parte del edificio, no son urbanizables.

Ahora, pasa a ser responsabilidad de Cox al mismo tiempo que Callosa recibe como compensación el mismo número de metros cuadrados de varios terrenos también de titularidad compartida. El decreto aprobado por el Consell especifica que resultan afectadas un total de seis subparcelas, incluidos los espacios de vial público, todas ellas situadas al este de la carretera que conecta Cox y Callosa (CV-9001) y al sur del IES Vega Baja, con una superficie de 294 metros cuadrados que pasan de Cox al de Callosa, y una misma superficie que pasa de Callosa a Cox.

De esta forma, todas estas parcelas y edificaciones no quedan atravesadas por la línea de deslinde entre los dos municipios. "Dado que la alteración territorial es mínima, ya que afecta a una reducida superficie de cada uno de los términos, el intercambio de superficies no afectará a la solvencia económica de los ayuntamientos", concluye el decreto.

Una vez que se publique en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, las administraciones locales deberán proceder al replanteo y amojonamiento de las superficies afectadas, al objeto de plasmar y verificar sobre el terreno el nuevo trazado.

El proceso cuenta con los informes favorables de la Diputación Provincial, el Consell Técnico de Delimitación Territorial, la Dirección General de Administración Local y el Consell Jurídic Consultiu, además de ponerlo en conocimiento de la Administración General del Estado.

Contra el decreto, los interesados podrán interponer un recurso en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. O un recurso de reposición ante el Consell, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la publicación.

En el caso de que la interesada sea una administración pública no cabe interponer recurso en vía administrativa, aunque tiene dos meses para requerir a la Generalitat que lo anule o lo revoque.

Un territorio en disputa

Los ayuntamientos de Orihuela y Rafal también mantienen una disputa a cuenta del barrio oriolano de las Casas Baratas. El Instituto Cartográfico Valenciano dio la razón a Orihuela a la hora de definir el límite entre ambos términos municipales. Con todo, el pasado mes de febrero el pleno del Ayuntamiento de Rafal dio un paso más para continuar con la tramitación de la propuesta de "agregación" que inició en 2015 en la que se indica que las viviendas reciben los servicios básicos del municipio rafaleño.