Dos cuestiones centrarán el debate político en este pleno de octubre, que se celebra este jueves. Por un lado, la pugna entre los socios de gobierno, PSOE y Ciudadanos, por el control de la asesoría jurídica, un órgano determinante en materia de contrataciones y adjudicaciones, a cuenta de la aprobación del reglamento de niveles esenciales, el organigrama del Ayuntamiento que define las funciones de cada área.
Por otro lado, la reciente imputación de los concejales de Ciudadanos, Luisa Boné y Ángel Noguera, que han sido llamados a declarar en un juzgado en calidad de investigados, precisamente, por presunta prevaricación en el contrato de mantenimiento de las zonas verdes, parques y jardines de Orihuela Costa. Hay que recordar que este servicio se presta a través de una empresa adjudicataria con un contrato, de unos 700.000 anuales, que caducó en 2017 sin que se haya renovado, lo que, según denunció Cambiemos, podría estar generando una serie de irregularidades que redundan en un perjuicio para las arcas públicas.
Las reacciones no se han hecho esperar. El mismo día que este periódico adelantó la noticia Cambiemos pidió responsabilidades políticas, exigiendo la dimisión de ambos ediles. Por su parte, el PP ha reclamado lo mismo, incidiendo en que los concejales del PP no han sido citados, pese a que alguno de ellos aparece también en la denuncia puesto que en el periodo que se investiga tanto PP como Ciudadanos formaban equipo de gobierno.
También hay consecuencias entre los actuales socios de la formación naranja. Fuentes del grupo socialista han manifestado a este diario que el PSOE va a convocar «en breve» una ejecutiva para analizar la situación.
Por su parte, Vox eludió realizar una valoración, remitiéndose a que «lo importante para Vox Orihuela es prepararnos bien el pleno».
Una denuncia de Cambiemos
Esta investigación se produce a raíz de una denuncia de noviembre del año pasado ante la Fiscalía de Anticorrupción por parte de Cambiemos, cuando aún no se había producido la moción de censura que el 25 de abril salió adelante con el pacto entre PSOE y Ciudadanos y el apoyo de Cambiemos, que negoció una serie de condiciones con el partido socialista.
Es ahora cuando el juzgado de instrucción número 1 de Orihuela ha abierto diligencias previas para investigar los hechos de un contrato que se inició en marzo de 2011 y finalizó su última prórroga anual en febrero de 2017, una situación que desde el punto de vista administrativo deriva en informes en contra por parte de Intervención municipal a la facturación que presenta la empresa por el servicio prestado, lo que provoca diferentes reclamaciones de intereses.
