La comisión informativa, donde se definen los asuntos que se elevarán al pleno, de este lunes para establecer el orden del día de la sesión del próximo jueves ha evidenciado un pulso entre los socios de gobierno de Orihuela -PSOE y Ciudadanos- a cuenta de la aprobación definitiva del reglamento de niveles esenciales, el organigrama del Ayuntamiento, que define la organización de las áreas, sus funciones y responsabilidades, además de ser el paso previo a crear la Relación de Puestos de Trabajo, la herramienta con la que las administraciones locales diseñan su estructura de personal.
Se trata de una cuestión que ya fue polémica en el anterior bipartito, conformado por PP y Ciudadanos, que protagonizó varios desencuentros y cruce de acusaciones entre los entonces socios de gobierno. De trasfondo se situaría el control de resortes de poder interno, en este caso la elección de quien ocuparía la asesoría jurídica, que en materia de contratación realiza el informe preceptivo de los pliegos y asiste como vocal a las mesas de contratación además de poder ostentar otras funciones que le encomiende el alcalde o la junta de gobierno.
Así, en la comisión previa al pleno la formación naranja ha votado a favor de la propuesta junto con Vox, mientras que PSOE y PP se han abstenido y Cambiemos se ha opuesto. Según el informe de Secretaría, para que salga adelante se necesita mayoría absoluta, por lo que a los cinco concejales de Ciudadanos más los dos de Vox se tendrían que sumar los seis del PSOE (13 en total frente a los nueve del PP más los tres de Cambiemos).
De momento, esta votación en la comisión informativa no es definitiva, sino que puede cambiar finalmente en el pleno. Fue en la sesión de junio cuando la alcaldesa del municipio, Carolina Gracia, decidió en el último momento retirar este punto del orden del día, lo que a su vez provocó que el PP abandonara la sala.
La regidora lo justificó entonces como "una manera diferente de afrontar un conflicto heredado", solicitando a la Dirección General de Administración Local de la Generalitat "un informe técnico-jurídico preceptivo que establezca de forma taxativa cuáles son los requisitos legales que debe reunir la persona que ostente el cargo de titular de la asesoría jurídica". Todo ello, según la petición, "teniendo en consideración las discrepancias surgidas en esta administración local en cuanto a la interpretación del artículo 24 del reglamento que establece los niveles esenciales del Ayuntamiento".
Así, el 4 y el 8 de julio la Dirección General de Administración Local recibió la solicitud, tanto en lo referente a la asesoría jurídica como a la posibilidad de crear puestos mientras se está negociando la nueva relación de puestos de trabajo. La respuesta, el pasado día 4, avala que ambas fórmulas son adecuadas.
Es decir, esas "discrepancias" se refieren a la alegación que presentó Luis Ruiz Rodríguez, gerente de Orihuela Cultural y afín a Ciudadanos, para modificar el punto que hace referencia a la asesoría jurídica. El cambio que propone es que su titular "será nombrado por la junta de gobierno local" -donde la formación naranja tiene mayoría-, y deberá ser licenciado en Derecho u ostentar la condición de funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional o bien funcionario de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente. Cuando el texto original solo expone que deberá ostentar la condición de funcionario de la administración local con habilitación de carácter nacional.
La propuesta que llega ahora al pleno se tramita desde la Concejalía de Recursos Humanos, dirigida por Ciudadanos. Precisamente, el texto inicial, sin esa modificación sobre la asesoría jurídica, se aprobó primero en el pleno de febrero a propuesta de Emilio Bascuñana desde Alcaldía, lo que la formación que dirige José Aix, la única que votó en contra, tachó de "un atentado y una intromisión" hacia sus competencias.
De esta forma, el texto que se eleva al pleno recoge las pretensiones de Ciudadanos, además de estar avalado por el informe de la Dirección General de Administración Local y de Secretaría, que también indica será el pleno el que decida entre ambas fórmulas, que son correctas jurídicamente, al mismo tiempo que señala que una vez que una vez que este organismo emite un informe no se puede pedir otros a un técnico ajeno al Ayuntamiento.
Cuando los populares abandonaron el pleno de junio acusaron a Gracia de "ceder a los chantajes y presiones" de Ciudadanos: "La alcaldesa está vendiendo y sirviendo a Orihuela en bandeja de plata". O dicho de otro modo: "La regidora está cediendo para poner en cargos tan importantes como la asesoría jurídica a personas manipulables que les permitan seguir con sus chanchullos para beneficiarse, exprimiendo y sangrando al municipio", concluyó el exalcalde. "No me debo a nadie ni estoy atada de manos", respondió la regidora, que en junio acudió in extremis a la Generalitat.
