La Fiscalía ha pedido once años de inhabilitación para ejercer como cargo público a la segunda teniente alcalde y concejala de Contratación del Ayuntamiento de Torrevieja, Carmen Gómez Candel (PP), por un delito de prevaricación. En su escrito de acusación y solicitud al juzgado de apertura de juicio oral el Ministerio Público señala a la edil por vulnerar "de forma consciente y radical" la ley de Contratos al encargar a dedo y sin contrato a cinco empresas locales materiales para la construcción de un parque de 40.000 metros cuadrados en la urbanización San Luis, en el marco del Taller de Empleo Mediterráneo VIII que se desarrolló en los primeros meses de 2015. También reclama la misma pena, que incluye la inhabilitación para ejercer un empleo público, para el que fuera director de ese taller de empleo.
Verbal y por WhatsApp
Según figura en la investigación, los encargos de la concejala y el director del taller, solicitados verbalmente, por vía telefónica o WhatsApp, suman un total de 118.000 euros repartidos entre cinco empresas locales de materiales, áridos y hormigón. Se emitieron una docena de facturas fraccionadas con montantes que se encuentran entre los 1.500 euros y los 45.400. De esta forma, según el escrito de acusación, la edil y el director del taller fraccionaron los servicios, dividiendo el precio de la prestaciones en varias facturas pese a que en algunas ocasiones superaban el umbral de 15.000 euros que permite la legislación para la adjudicación directa -con contrato- en el caso de servicios.
Los ahora acusados decidían "de forma unilateral" qué empresas suministrarían el material o participarían en la ejecución del taller, y negociaban verbalmente, por teléfono y por mensajería móvil con las empresas. Unas gestiones que se documentaron exclusivamente con los albaranes de entrega de los materiales servidos, firmados por los profesores o monitores del taller.
"Consciente y radical"
La Fiscal considera que la concejala, que también es delegada de Personal y Aseo Urbano y de la concejalía de Parques y Jardines, contravino de forma "consciente y radical" los principios que inspiran la legislación sobre contratación en el sector público de libertad de acceso a los licitadores, publicidad, y transparencia para no discriminar y dar igualdad de trato a todos los ciudadanos. Y añade que esta forma de actuar "cercena" la posibilidad de lograr el "eficiente uso de los fondos públicos, la salvaguarda de la libre competencia" y la selección de la oferta económicamente más ventajosa para la administración local.
El mismo informe de la acusación pública mantiene que Gómez tenía encomendado dentro de la estructura organizativa del Ayuntamiento la adjudicación de los servicios de ese taller de empleo "siempre cumpliendo la legalidad", pero "no llevó a cabo tal y como era su obligación las actuaciones, a fin de tramitar los expedientes de contratación para adjudicarlos conforme a derecho". Añade que los pagos eran aprobados con la firma del alcalde Eduardo Dolón aunque, matiza, era una rúbrica "propiciada gracias" a las "actuaciones previas" de los acusados. Gómez en su declaración como investigada desvinculó al primer edil de cualquier responsabilidad en la gestión del taller .
Archivo provisional para Sandra Sánchez y otros seis profesores y monitores
La acusación pública pide igualmente el archivo de la investigación que recaía en Sandra Sánchez, actual concejala de Obras y Servicios y en el momento de ocurrir los hechos profesora del taller, y el sobreseimiento también de la imputación de otros seis profesores y coordinadores del mismo.
La obra del parque fue paralizada por el concejal Víctor Ferrández al iniciarse el mandato del anterior equipo de gobierno progresista una vez comprobó la facturación y la ausencia de proyecto y contrato para los suministros enmarcados en el taller de empleo, además de bloquear el pago de las facturas que quedaban pendientes. El Ayuntamiento presentó denuncia -ejerce la acusación particular- y ordenó el vallado perimetral de todo el recinto.
Procedimiento abreviado
Antes de este escrito de acusación, el pasado mes de septiembre, el magistrado juez del Juzgado de Instrucción Número 1 de Torrevieja había resuelto en un auto abrir el procedimiento abreviado contra los investigados con el que daba por concluida la fase de investigación. Diligencias en que se aportó un informe de la Guardia Civil con las declaraciones iniciales de todos los empresarios, documentación administrativa y el testimonio, entre otros, del actual director general de Economía del municipio y en su día ADL que confirmó la ausencia de procedimiento de adjudicación y proyecto. El juez en ese momento podría haber resuelto el archivo de la causa pero consideró que había indicios de delito.
San Luis
El actual gobierno municipal prometió a los vecinos de San Luis y el Chaparral que retomaría el proyecto del parque durante este mandato porque no veía irregularidad alguna en el procedimiento. Si bien durante los últimos tres años y medio solo ha tramitado un proyecto mezclado con la actuación en las jardineras del Paseo Vista Alegre que sigue sin adjudicarse.
Desde la denuncia de los hechos el alcalde ha defendido la actuación de la edil Gómez, que es responsable de algunas de las principales áreas de su gobierno, asegurando que el procedimiento judicial no tenía recorrido. Dolón manifestó durante la celebración de un pleno que estaba sobreseído de forma definitiva. Sí se produjo un archivo que fue recurrido en la Audiencia Provincial, que ordenó reabrir el caso. En ese momento el grupo municipal socialista decidió personarse en la causa como acusación popular en un procedimiento impulsado por la edil y letrada Fanny Serrano.
Taller de empleo
Las obras del taller de empleo se aceleraron durante los primeros meses de 2015, poco antes de la campaña electoral de las elecciones municipales autonómicas, y fueron visitadas por Alberto Fabra, en aquel momento presidente de la Generalitat. Hasta entonces con estos talleres de empleo promovidos por el Ayuntamiento de Torrevieja, además de un período de formación retribuído para alumnos trabajadores durante unos meses , se tenía la posibilidad de realizar unas obras concretas financiada en parte por el Ayuntamiento. Y era precisamente el modelo de taller de empleo el que permitía prescindir de un procedimiento de contratación reglado.
"ES PURO TRÁMITE", ASEGURA LA CONCEJALA DE CONTRATACIÓN
La concejala de Contratación, Personal, Aseo Urbano y segunda teniente de alcalde, Carmen Gómez, ha asegurado que el escrito en el que el fiscal le acusa de un delito de prevaricación no es más que un trámite en el procedimiento judicial y que sus abogados van a presentar ahora su propio escrito de defensa. La concejala ha aclarado que es cada uno de los concejales con competencias en el gobierno municipal quien inicia los expedientes y no el área de Contratación, y que en el caso del taller de Empleo era responsabilidad de la Concejalía de Fomento y Empleo, competencias que no ejercía en 2015. Además la edil, que ha asegurado que no tenía constancia de que la Fiscalía pidiera 11 años de inhabilitación en su caso, ha indicado que no tampoco era responsable de encargo alguno de material.
