Los juzgados desestiman el pago de 580.000 € por supuestos casos de acoso laboral en la Policía Local de Torrevieja

Los juzgados han tumbado reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios al Ayuntamiento valoradas en casi 600.000 euros por supuestos casos de acoso laboral de mandos de la Policía Local de Torrevieja contra sus agentes presentadas entre 2018 y 2023.

El Ayuntamiento recibió una batería de denuncias y demandas después de que prosperasen algunos anteriores, entre ellos tres casos graves de acoso con sentencias en firme que tuvieron lugar entre 2005 y 2010, principalmente bajo la jefatura del actual intendente y un inspector ya jubilado.

Intendente y comisario jefe

La mayoría de los planteados por hechos sucedidos después de esa fecha, ya bajo la responsabilidad en la plantilla del actual comisario jefe, han sido rechazados. Entre ellos se encuentran media docena de procedimientos que suman hasta doce resoluciones judiciales distintas entre juzgados de Primera Instancia, recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad y en el Supremo, juzgados de Instrucción -de lo Penal- y Juzgados de lo Social. Otros procedimientos se encuentran todavía por resolver.

Oficial en segunda actividad

La última sentencia en este ámbito la ha dictado la magistrada del juzgado de Lo Social Número 3 de Elche. Un caso singular en el que es otro mando, un oficial ahora en segunda actividad, quien demandaba al comisario jefe y el Ayuntamiento por infringir supuestamente la legislación de prevención de acoso laboral, lo que le llevó, según aseguraba, a encadenar distintos periodos de baja por enfermedad.

 «El Ayuntamiento -dice la sentencia- adoptó todas las medidas a su alcance» desde el momento en el que se activó el protocolo de mediación para averiguar «la realidad de los hechos». Por lo que no puede «estimarse que se haya ocasionado» al oficial «ningún daño susceptible de ser indemnizado». La magistrada no considera que exista relación entre las bajas por enfermedad y «todo lo que se relata en la denuncia».

Bajas por enfermedad

El demandante reclamaba al comisario y al Ayuntamiento de Torrevieja 40.000 euros en concepto de daños y perjuicios por la supuesta vulneración de las obligaciones de la ley de Prevención de Riesgos Laborales al no recibir protección eficaz contra acciones de acoso y encadenar varios periodos de baja por incapacidad temporal.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento y el comisario jefe Vicente Gutiérrez Sola, mando contra el que se dirigía la mayor parte de las reclamaciones al ser el máximo responsable de la Policía Local en Torrevieja, han defendido que cada una de las decisiones adoptadas por la jefatura, en este y otros procedimientos en que los policías aseguraban haberse sentido perjudicados, estaban motivadas en razones técnicas o de necesidades de servicio. Un argumento que han validado las resoluciones judiciales.

Ausencia de prueba de veracidad

En el caso del procedimiento presentado por el oficial dirimido en la jurisdicción social, la magistrada advertía que el demandante, con prolongados periodos de baja laboral entre 2010 y 2016, presentaba un «aglomerado» de acontecimientos de todo tipo, «sin orden o concierto» predeterminado y un grupo de eventos marcados «por la total ausencia de prueba sobre su veracidad», según ha podido confirmar INFORMACIÓN en los fundamentos de derecho de la sentencia. 

En la misma se indica que es «tónica general imputar a las decisiones del comisario -y al Ayuntamiento como codemandado distintas decisiones con intención de humillar y degradar» al agente, pero sin haberlas impugnado cuando ocurrieron «por la vía correspondiente». 

Mientras que en los momentos en los que se produce una discrepancia de criterio entre lo que decidieron los mandos y el agente el comisario jefe aporta explicaciones de todas y cada una de las decisiones adoptadas mediante la realización de un informe previo. Por ejemplo ante el reproche de no haber sido convocado a las juntas de mando, se constata que sí recibió correos electrónicos de convocatoria.

También otras denuncias realizadas por el oficial como haber sido desalojado de un despacho, no tener autorizadas vacaciones tras un periodo de baja, la oposición de la jefatura a que cobrara horas extra en segunda actividad, no haber podido acceder a una plaza en el Grupo de Refuerzo Operativo o ser excluido de un destino en el servicio marítimo, que son percibidas por el mismo como humillantes o degradantes, considera, sin embargo, la jueza que estaban suficientemente justificadas en la gestión policial de la jefatura.

En todos los juzgados

Entre 2018 y 2023 han estado en marcha una docena de procesos judiciales que han desestimado indemnizaciones de agentes contra el comisario jefe y el Ayuntamiento. Al primero se le abrieron dos expedientes disciplinarios por alguno de estos hechos que fueron después archivados. Dos sentencias en firme por acoso fueron posteriormente revocadas por el TSJCV. Otra fue desestimada en primera instancia, sin ser recurrida. Y dos más rechazadas por los juzgados de lo Social 1 y 3.