TORREVIEJA

La tasa de recogida de basura de Torrevieja que pagan los vecinos solo cubre el 25% del coste del servicio

El Ayuntamiento descarta subir las tarifas con las que solo recauda al año 5,8 millones de los 24,3 que abona a Acciona

El déficit roza el 80% si se añade el importe de la eliminación y el nuevo impuesto sobre el depósito de residuos

Un nuevo camión recolector de carga lateral cubriendo la ruta de las Torretas

Un nuevo camión recolector de carga lateral cubriendo la ruta de las Torretas / Joaquín Carrión

D. Pamies

D. Pamies

Tarde o temprano el Ayuntamiento de Torrevieja deberá actualizar al alza la mayor parte de sus tasas por prestación de servicios públicos. No solo son deficitarias y no llegan a cubrir el coste de las prestaciones que el municipio ofrece a sus vecinos, algo habitual en las administraciones locales, sino que para el principal servicio público, la recogida de residuos urbanos y limpieza, la recaudación no alcanza ni el 25% del coste total de la contrata.

El municipio abona por el servicio de recogida de residuos, transporte a vertedero y limpieza de viales y playas 24,4 millones de euros al año a Acciona, y recauda a los vecinos algo menos de seis millones de euros por la tasa de basuras -5.863.000 en la última estimación de liquidación de 2022-. Además, el Ayuntamiento abona al margen de la contrata el canon por la eliminación de cada tonelada de basuras que se realiza fuera de la comarca de la Vega Baja, lo que sitúa ese déficit en casi el 80% del coste del servicio. 

Estudio global

El concejal del área de Hacienda, Domingo Paredes (PP), señala que el gobierno local no tiene previsto ni ahora ni para el próximo presupuesto equilibrar el coste de los servicios que presta con la cantidad que abonan los ciudadanos. Aunque sí apuntó que se va a solicitar un estudio al área de Tesorería en este sentido, analizando todas las ordenanzas fiscales en vigor. 

El Ayuntamiento ha descartado la subida de impuestos y la revisión de tasas que están decidiendo, uno tras otro, buena parte de los municipios medianos y grandes de la Vega Baja. Pilar de la Horadada, Rojales, Guardamar, Dolores o Redován lo han dado a conocer públicamente y en todos ellos se ha echado mano del incremento de la presión fiscal a través del aumento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), Plusvalía y una importante actualización al alza de la tasa de recogida basura. En este último caso además, con el aval de los informes técnicos que recuerdan que se ha producido un cambio sustancial: los ayuntamientos deben soportar ahora el sobrecoste del impuesto a la generación de basuras.

Impuesto

Por cada tonelada que llegue al vertedero para ser enterrada sin valorizar deben abonar 30 euros. El impuesto estatal, que adapta una normativa europea, busca que los ayuntamientos «se pongan las pilas» y logren reciclar en origen con lo que el volumen de residuos que registren sea menor favoreciendo que el pago del impuesto también se reduzca. Por ejemplo, en Torrevieja, donde se generan 50.000 toneladas de residuos al año de las que 23.000 todavía terminan enterradas en vertederos, ese impuesto ya le supone un pago extra anual de 714.000 euros. Pese a ello mantiene congelada la tasa todavía. En principio solo ha rescatado de cara a 2024 la tasa por ocupación de vía pública de terrazas, expositores, feriantes y puestos de artesanía que estaba suspendida desde 2020 por las consecuencias del covid, lo que supondrá el reingreso de unos 1,8 millones de euros

Nuevos contenedores soterrados en el centro de Torrevieja

Nuevos contenedores soterrados en el centro de Torrevieja / D. Pamies

Ley estatal y economía circular

Esta decisión de retrasar la modificación al alza del canon se produce a pesar de lo establecido por la nueva ley estatal de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que exige la valorización de los residuos en origen y que la tasa de basuras refleje "el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos".

Uno de los principales problemas del servicio de recogida sigue siendo la falta de respeto a los horarios de depósito y el vertido de enseres

Uno de los principales problemas del servicio de recogida sigue siendo la falta de respeto a los horarios de depósito y el vertido de enseres / Tony Sevilla

El Ayuntamiento torrevejense no mueve, sin embargo, la tasa ni con esa legislación, ni considerando tampoco que deberá informar en los próximos meses de una ampliación del coste del servicio de Acciona, que se está preparando discretamente en estos momentos. La empresa tuvo que modificar toda la previsión de despliegue de islas de contenedores, multiplicando los puntos de recogida en las zonas residenciales porque cuando comenzó la ubicación de estos puntos de vertido el Ayuntamiento recibió un aluvión de quejas vecinales por la retirada de las zonas que ya eran habituales desde 2004 y la lejanía de las nuevas. A petición del gobierno local los técnicos municipales coordinaron con la empresa la modificación de las previsiones del pliego para disponer de más puntos de vertido que van a suponer un sobrecoste. 

Torrevieja cuenta con un colchón de ingresos de impuestos directos que permite, de momento, retrasar medidas impopulares: el IBI, sin tocarlo, garantiza casi 40 millones de euros de ingresos anuales y los previstos por el impuesto de Plusvalía se van a estabilizar en torno a los 15 millones de euros. Además, en los próximos ejercicios se espera un repunte de la recaudación por el Impuesto de Construcciones e Instalaciones, aunque con un peso mucho menos relevante que el IBI y la Plusvalía. 

Extracto del informe mensual de la auditora del mes de agosto

Extracto del informe mensual de la auditora del mes de agosto / INFORMACIÓN

LA AUDITORIA DEL SERVICIO DE ACCIONA PISA EL FRENO TRAS SU DURO PRIMER INFORME DE JULIO

El informe mensual de agosto de la auditora que supervisa el cumplimiento de la prestación de la recogida de residuos y limpieza urbana y de playas de Acciona recoge una «notable mejoría» en los índices de calidad del servicio con respecto al anterior de julio. Las quejas vecinales por la prestación arreciaron durante ese mes de máxima ocupación turística.

El nuevo documento, reducido ahora a poco más de 20 páginas, ofrece una visión mucho menos crítica sobre el despliegue que el elaborado en julio, cuando comenzó a analizar el servicio. El documento público -al que se le ha sobreimpresionado la marca de «confidencial»- reconoce que muchas de sus conclusiones de julio se derivaron de una deficiente comunicación de datos de Acciona y no de sus incumplimientos. La empresa ha facilitado ahora -un año después de comenzar el contrato- su planificación de la recogida selectiva, lavado de contenedores, hidrolimpieza, baldeo en las urbanizaciones, limpieza de solares, desbroce en urbanizaciones o los cuadrantes de los equipos. 

Ingeniería Quipons, que opera bajo la denominación de Natur Forest Murcia y percibe 18.091 euros (IVA incluido) mensuales por su trabajo de auditoría, centra las deficiencias detectadas en agosto sobre todo en la persistencia de contenedores desbordados por los residuos y en la falta de limpieza en los viales de las urbanizaciones por malas hierbas.

La auditora ya no menciona ni el bloqueo de la construcción de las instalaciones fijas -vestuarios y talleres, entre otras dependencias que ahora se ubican en locales inapropiados-, ni las graves deficiencias de funcionamiento del ecoparque que fue utilizado en agosto como planta de transferencia improvisada de podas y algas por parte de Acciona, denunciadas por el Seprona. Tampoco hace mención al incumplimiento del pliego de condiciones en cuanto al número mínimo de personal contratado que en el mes de agosto debería haberse acercado a los 400 trabajadores. 

Deficiencias consideradas como incumplimientos muy graves tal como señaló en su primer informe de julio donde se incluían medio centenar más de anomalías, entre ellas la mayor parte de las mejoras que hicieron que la multinacional se hiciera con el contrato frente al resto de ofertas. Las irregularidades que le han costado a la empresa una rebaja de 584.000 euros en la certificación de su canon de julio sobre los casi 2 millones que debería haber percibido y una propuesta de sanción de otros 319.000 euros más por incumplimiento muy graves de la contrata.