Antifraude ve irregularidades en la gestión del bono consumo en Torrevieja

La Agencia Valenciana de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción (AVAF) ha acreditado lo que considera un fraude de ley en la subvención del bono consumo por parte del Ayuntamiento de Torrevieja durante los años 2021 y 2022 con "indicios de posibles responsabilidades" por incumplimientos de la ley de Subvenciones.

En la conclusión de su investigación la Agencia Antifraude le pide al Ayuntamiento torrevejense que revise de oficio la concesión de la subvención de gestión del bono consumo a la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Torrevieja (Apymeco) y reclame a la entidad asociativa "el otorgamiento indebido" de 283.218 euros en ayudas concedidas para la gestión de las seis campañas de 2021 y 2022, según la resolución de que ha hecho pública la propia Agencia.

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De ese montante, 107.871 euros figuran como facturas no declaradas fiscalmente. En este sentido informa a Apymeco y al Ayuntamiento que ha trasladado toda la documentación recabada a la Agencia Tributaria.

La AVAF pide además a la Diputación que solicite al Ayuntamiento torrevejense 619.331 euros que financió de las campañas de bono consumo -para las ediciones quinta y sexta de 2022- por el "incumplimiento" del objeto de la convocatoria por parte del Consistorio.

Encubrimiento de subcontrataciones

A juicio de la Agencia las bases de convocatoria y aprobación de la subvención a Apymeco "estaría viciada de nulidad" porque a través de esas ayudas la asociación habría "encubierto auténticas subcontrataciones con una mercantil -una empresa especializada en gestión de pasarelas de pago-, y con un tercero -un ingeniero informático afincado en Torrevieja- sin previa autorización", incumpliendo el régimen de subcontratación que dispone la ley de Subvenciones.

Facturas no reales

En el caso de la facturación de la ayuda realizada por la entidad, una de las asociaciones más importantes de la ciudad, la AVAF constata un presunto fraude en la justificación que realiza al Ayuntamiento al no existir correlato entre ésta y las declaradas fiscalmente. Lo que presuntamente, señala resolución, "puede implicar la justificación con facturas no reales confeccionadas para justificar la subvención por importe de 37.691 euros de las tres ediciones de 2021 y de 70.179 euros de las campañas de 2022".

Concurrencia competitiva

El Ayuntamiento por su parte incumple las condiciones que le pidió la Diputación para el acceso a la financiación de las ayudas. La institución provincial exigía en las bases que fuera la administración local la que gestionara directamente las ayudas o con la colaboración de comercios asociados, "algo que formalmente el Ayuntamiento no cumplió". Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja, era diputado provincial durante ese periodo y el actual jefe del Consell, Carlos Mazón, presidente de la institución provincial. El Ayuntamiento torrevejense habría utilizado, dice la AVAF, la subvención de la Diputación sin las garantías y requisitos derivados de la concurrencia competitiva exigibles en la normativa de contratación pública.

Ante las alegaciones del municipio de que la subvención fue resuelta por concurrencia competitiva la AVAF señala que esas "convocatorias de aparente y no real concurrencia competitiva" se realizaron además con una "configuración errónea al atribuir el Ayuntamiento "indebidamente la condición formal de beneficiaria" de la subvención a la asociación en lugar de colaboradora -bajo un convenio de colaboración, requisitos y condiciones mínimas, como experiencia en ese tipo de gestiones-.

Falta de experiencia

Entre otras consideraciones, el Consistorio alegó "falta de experiencia", argumento que también esgrimió Apymeco a la hora de justificar las subcontrataciones. Una consideración que la investigación califica de "dudosa" porque el Boletín Oficial de la Provincia muestra cómo la mayoría de los municipios de la provincia superado el año 2021 y con población similar a la de Torrevieja, optan por la modalidad de gestión del programa mediante entidad colaboradora, sobre todo con la Federación Alicantina de Comercio (Facpyme).

Presunto fraude

El 11 de abril de 2023 la Agencia decidió que los hechos requerían ser investigados al cumplir la denuncia con los requisitos mínimos de verosimilitud y que iba a investigarlos como un "presunto fraude en la concesión de ayudas al comercio local". Comenzó en ese momento a requerir información al Ayuntamiento, en especial las facturas justificativas de los gastos que soportó por la gestión de la popular subvención de 2021,2022 y 2023. Desde entonces la AVAF ha realizado una batería de solicitudes de información atendidas en plazo por Apymeco y el Ayuntamiento. Entre otros muchos datos, los movimientos de la cuenta usada como pasarela de pagos para la venta de bonos de 2021, 2022 y el modelo 347 de ambas anualidades. Hizo además lo propio con la Diputación como "agente financiador" de la quinta y sexta campañas.

Recomendaciones

En sus recomendaciones al Ayuntamiento de Torrevieja la AVAF, concede un plazo de tres meses al Ayuntamiento y a la Diputación para informar sobre cómo han atendido sus peticiones y señala que el Consistorio debería promover la revisión de las bases reguladoras y de la convocatoria del programa de fomento al comercio local. Y en el caso de optarse por la gestión del mismo mediante entidad colaboradora, exigir criterios objetivos de eficacia y solvencia en los términos exigidos por la ley de Subvenciones.

Por otro lado, las bases deberían "precisar de forma clara y detallada el objeto, regular de forma expresa el régimen de la subcontratación y definir claramente los límites de ésta", así como la cuantía de los gastos concretos que resultan subvencionables por su vinculación con la actividad subvencionada especificándose los controles de gestión a implantar. Si el Ayuntamiento no quiere acudir a la gestión por entidad colaboradora, dice la Agencia, debe reconducir el procedimiento para un cumplimiento efectivo de los principios de concurrencia que exige la normativa de contratación en garantía de la utilización eficiente de los fondos públicos como principio consagrado en el artículo 8 de la ley de Subvenciones.

También dice la resolución que el área de Intervención municipal debería haber ejercido y ejercer un mayor control y fiscalización sobre la tramitación de este gasto municipal.

En la novena edición del bono consumo, que se encuentra en estos momentos en la fase de distribución de bonos presenciales y compras hasta el 31 de diciembre, Apymeco recibirá de nuevo un máximo de 70.000 euros por la gestión de la subvención.

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Impoluto

Rosario Martínez Chazarra, concejal de Comercio y vicealcaldesa, que ha dirigido desde su concejalía cada una de las campañas ha indicado que tenía conocimiento de la investigación. Martínez ha agregado que los servicios jurídicos municipales han respondido a cada una de las peticiones de la AVAF y que el Ayuntamiento va a contestar al requerimiento de la agencia -aunque no ha aclarado en qué sentido-. También ha señalado que la propia Diputación provincial validó el procedimiento por el que el municipio había recibido las ayudas. "Tanto los técnicos municipales de Comercio, como la dirección de la Asesoría Jurídica como los informes de Apymeco dicen que la tramitación ha sido correctísima", ha señalado ante las preguntas de los medios de comunicación la edil. Martínez Chazarra ha avanzado que el Ayuntamiento, en función de sus propias conclusiones, no tiene intención alguna de seguir las "recomendaciones" de Antifraude, que pasan por reclamar a Apymeco más de 280.000 euros.

Jorge Almarcha, presidente de Apymeco ha indicado este martes a INFORMACIÓN que el trabajo que ha realizado la asociación de gestión de las campañas de bono consumo ha sido "impoluto" e "impecable". Señaló que han estado durante seis meses bajo la auditoria de la Agencia Antifraude y que han presentado toda la documentación y hasta la última justificación. Señaló que preside una entidad sin ánimo de lucro, que ha trabajado para que las campañas de incentivo al consumo sean un éxito, como se ha demostrado y lamentó que la imagen de la asociación se vaya a ver dañada por esta investigación, que recordó, en un principio no tiene recorrido judicial.

"Estamos muy tranquilos con la forma de gestionar y creo que lo hemos hecho bien también con un coste personal para los responsables de Apymeco en un servicio para el pueblo de Torrevieja", señaló para agregar que también hay que preguntar al Ayuntamiento y la Diputación sobre la tramitación de las ayudas.

Un par de meses después de que AVAF iniciara la investigación el Ayuntamiento hizo público un estudio llevado a cabo por el Laboratorio de Turismo de la UA en Torrevieja sobre las bondades de la iniciativa comercial y su impacto en Torrevieja.

Expediente

Después de defender sin fisuras a Apymeco, fuentes del equipo de gobierno local han admitido que se ha abierto un expediente «sobre la existencia o no de presuntas irregularidades en la fase de justificación del programa Bono Consumo en relación a las facturas de un tercero-el ingeniero informático- que pudieran conllevar, en su caso, la exigencia de reintegro-».  

También reconocen las mismas fuentes para la convocatoria del programa Bono Consumo (9ª edición) «atendiendo a las consideraciones que la AVAF expresa en su resolución» se han introducido algunas modificaciones para «garantizar aún más los principios de concurrencia y se han añadido en los criterios de selección ítems objetivos vinculados al objeto y «el resultado dado es idéntico a las anteriores 8 convocatorias del programa Bono Consumo», es decir, una sola asociación concurrente a la convocatoria (Apymeco) a quien se ha concedido la subvención para la gestión y ejecución del programa Bono Consumo bajo «su organización y dirección, aunque cumpliendo los requisitos exigidos en las propias bases reguladoras de la convocatoria». 

Denuncia anónima

La investigación partió de una denuncia anónima registrada en la AVAF en 2022 por un presunto fraude en la concesión de ayudas al comercio y la hostelería mediante el bono consumo, del que el municipio, que fue pionero en esta iniciativa en la Comunidad Valenciana, está desarrollando ahora su novena campaña con una aportación municipal de 795.000 euros.

La denuncia decía que las bases de la convocatoria estaban elaboradas exclusivamente para que las cumpliera un solo beneficiario, asociación que se la ha adjudicado en las nueve ediciones celebradas, lo que provocaba supuestamente "un trato discriminatorio en la selección, e incumpliéndose los principios de objetividad, igualdad y no discriminación". Esas bases valoran especialmente, también en la última convocatoria, que la gestora de las ayudas haya realizado esa tramitación en anteriores ediciones. La asociación ha sido la única que se ha presentado a todas las convocatorias.

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El denunciante aclaraba además que Apymeco "lo único que ha hecho" es ser intermediario entre el Ayuntamiento y las empresas de hostelería, comercio y el resto de actividades de la ciudad, cobrando hasta un 11% del total de esa subvención.