TORREVIEJA
El alcalde de Torrevieja tilda de "chiringuito" a Antifraude y defiende la gestión municipal del bono consumo
El diputado autonómico del PP, Eduardo Dolón, invita a la AVAF a trasladar su investigación al juzgado y respalda a Apymeco
Aclara que las campañas seguirán bajo la misma fórmula
El alcalde de Torrevieja y diputado autonómico del Partido Popular, Eduardo Dolón ha calificado este viernes a la Agencia Valenciana de Lucha Contra el Fraude y la Corrupción (AVAF) como "un chiringuito". Y ha retado a la entidad independiente, creada y regulada por una ley autonómica desde 2016, a remitir al juzgado sus conclusiones sobre la gestión de las ayudas de bono consumo en Torrevieja.
Correcto
El primer ha asegurado que el municipio ha invertido desde marzo, cuando recibió la notificación del inicio de la investigación de la AVAF tras una denuncia anónima, docenas de horas de trabajo de funcionarios, con la generación de "más de mil documentos" para justificar la corrección de la tramitación de estos fondos públicos. Y ha defendido el buen hacer tanto de los técnicos municipales, como de la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Torrevieja (Apymeco).
Va a mantenerse
Dolón, acompañado por el presidente de la asociación comercial, Jorge Almansa, y la vicealcaldesa y concejal de Comercio Rosario Martínez Chazarra, ha indicado que el Ayuntamiento va a seguir impulsando el bono consumo como hasta ahora y con varias compañas anuales. Desvinculándose así de la posibilidad de cambiar el modelo como el propio primer edil cita en su memoria de presupuestos de 2024-.
Críticas a la agencia
El alcalde ha centrado su intervención en atacar con dureza el trabajo de la AVAF, formada por un equipo con experiencia funcionarios de carrera especializados, preguntándose por qué no investiga las mismas subvenciones de bono consumo del medio centenar de municipios de la provincia de Alicante que también llevan a cabo esta iniciativa. La AVAF no investiga de oficio. Necesita una denuncia previa.
Junta de gobierno
Coincidiendo con esta comparecencia, la junta de gobierno del Ayuntamiento ha aprobado esta mañana aceptar las "recomendaciones" de la AVAF. Aunque eso es un formalismo porque la decisión municipal es rechazar el grueso de sus peticiones de la resolución de la investigación. Dolón ha anticipado que el Ayuntamiento no va a reclamar ni un euro de la ayuda a Apymeco, ni tampoco a revocar las adjudicaciones de subvenciones, que es lo que recomienda la AVAF, porque se ha acreditado que ha justificado sus cuentas.
Ante la inminencia de la resolución final y que se iba a hacer pública una de las empresas que no había declarado las facturas habría regularizado su situación en Hacienda.
Junta directiva
Jorge Almarcha, presidente de Apymeco, afectado por el impacto público que ha tenido la difusión de la resolución y que lleva tres días defendiendo el trabajo realizado por la asociación tras darse a conocer el informe en la página web de la AVAF, ha vuelto a indicar que la intención de Apymeco siempre ha sido la de respaldar al tejido comercial, estuviera asociado o no, y poner en marcha una iniciativa de incentivos que ha sido copiada en toda la Comunidad Valenciana. Una idea que partió en plena pandemia y que ha señalado que en algunos casos evitó que algunos negocios echaran el cierre en aquel momento.
Éxito
También ha recordado el enorme éxito que ha tenido una campaña. Para el caso de Torrevieja mayor que en otros municipios porque la campaña no exige empadronamiento ni otros requisitos a los compradores de bonos, y solo los ha endurecido para la actual edición en el caso la compra on line.
Su vicepresidente Pedro Andrés García ha sido más visceral para arremeter contra "los politicuchos de la oposición", ha dicho; y realizar una encendida defensa de la gestión del equipo de gobierno del PP.
El alcalde y los miembros de Apymeco han comparecido después de que el PSOE suspendiera una rueda de prensa en la que estaba prevista la asistencia del diputado provincial y alcalde de Dolores, Joaquín Hernández (PSOE) y la portavoz socialista de Torrevieja, Bárbara Soler, centrada en el mismo asunto.
En la conclusión de su investigación la Agencia Antifraude pedía al Ayuntamiento torrevejense que revise de oficio la concesión de la subvención de gestión del bono consumo a la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Torrevieja (Apymeco) y reclamara a la entidad asociativa "el otorgamiento indebido" de 283.218 euros en ayudas concedidas para la gestión de las seis campañas de 2021 y 2022, según la resolución de que ha hecho pública la propia Agencia.
El informe cuestiona que Apymeco sea el destinatario último de toda la ayuda aunque su función sea la de intermediario para su gestión -unos 500.000 euros por edición-. Y señala que debería figurar como colaboradr. También señala como irregular la subcontratación de empresas para llevar a cabo ese cometido, algo que vulnera la ley de Subvenciones.
De ese montante, 107.871 euros figuran como facturas no declaradas fiscalmente con el modelo estándar informativo para ese objetivo. En este sentido informaba a Apymeco y al Ayuntamiento que ha trasladado toda la documentación recabada a la Agencia Tributaria.
La AVAF pedía además a la Diputación que solicite al Ayuntamiento torrevejense 619.331 euros que financió de las campañas de bono consumo -para las ediciones quinta y sexta de 2022- por el supuesto "incumplimiento" del objeto de la convocatoria por parte del Consistorio
LA MALA EXPERIENCIA DEL GOBIERNO LOCAL CON LA AVAF
El Ayuntamiento de Torrevieja tuvo que paralizar el procedimiento de ampliación de la concesión del suministro de agua potable a raíz de una resolución de Antifraude. La propuesta municipal pasaba por ampliar la prestación a la actual empresa Agamed más allá de 2028, cuando culmina su concesión, sin mediar concurso, a cambio de llevar a cabo inversiones contra inundaciones. El periodo de amortización de esas inversiones justificadas en el impacto cada vez mayor de los episodios torrenciales - y cifrada en más de cincuenta millones de euros- justificaba la ampliación. La resolución paralizó la prolongación de una concesión por veinte años de una empresa que factura en torno a 25 millones euros en la ciudad anualmente y pedía que se sacara a concurso.
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