La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha pedido al Ayuntamiento de Torrevieja que se abstenga de modificar el contrato del ciclo integral del agua y busque soluciones alternativas para satisfacer los intereses de los vecinos de la ciudad. La Agencia ha emitido un informe firmado por su dirección de asuntos jurídicos en este sentido, a raíz de una investigación abierta por el procedimiento de ampliación de la actual concesión a Agamed, que impulsa el Ayuntamiento desde que comenzó el actual mandato. Lo ha hecho tras recibir una denuncia que advertía de supuestas irregularidades en el mismo.
Propuesta de 2019
El municipio propuso a finales de 2019 a la empresa mixta llevar a cabo unas ambiciosas obras contra las inundaciones, que afectan cada vez con mayor impacto a urbanizaciones y zonas concretas del casco urbano, valoradas en 35 millones de euros. Agamed, con un 74% de capital privado y un 26% de participación del propio Ayuntamiento, está dispuesta a llevarlas a cabo si se amplía su plazo de concesión durante 20 años más sin mediar concurso, para amortizar esa inversión sin repercutirla en los más de 120.000 abonados del servicio.
El Ayuntamiento propuso a finales de2019 a Agamed, una empresa mixta con un 76% por capital privado, obras de pluviales valoradas en 35 millones. A cambio la empresa que culmina su concesión de 30 años en 2028 pide ampliarla 20 años más sin mediar concurso
La AVAF señala en la conclusión de su informe que no es posible la extensión del plazo de duración del contrato de gestión del servicio público, adicionales a los 30 años iniciales que comenzaron en 1998 y culminan en 2028 hasta alcanzar un total de 50años, al no estar prevista esa extensión temporal en sus pliegos reguladores. Recuerda que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana es contraria a la pretensión de Agamed y del Ayuntamiento, circunstancia en la que coinciden además los distintos órganos consultivos en materia de contratación. Con el objetivo de prevenir «ilícitos penales o administrativos», dice la Agencia, la modificación de contratos debe llevarse a cabo de forma «sumamente restringida y estricta», especialmente en casos como el que impulsa el Ayuntamiento torrevejense en el que se pretende una modificación para ejecutar unas obras valoradas en 35 millones de euros «cuyo precio se desconoce si es o no es acorde al mercado al no existir concurrencia pública alguna».
Además el documento añade que esas obras de pluviales deben considerarse como cargas urbanísticas cuyo abono «debería ser exigido a los propietarios de los terrenos». Es decir, el municipio debió en su día reclamarlas a los urbanizadores de miles de viviendas -algo que no hizo-, o repercutirlas ahora a los residentes en esas zonas.
La AVAF asegura que el Ayuntamiento debería reclamar la ejecución de las obras como cargas de urbanización a los propietarios de los suelos donde se producen las inundaciones - y en los que se han levantado miles de viviendas-.
En este sentido, la Agencia señala que el Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad indica que la indeterminación de las obras a realizar en los pliegos iniciales de un contrato de estas características impide la adjudicación directa al adjudicatario y exige la licitación pública de las obras.
Singular naturaleza
La AVAF va más allá. Señala la «singular naturaleza» de su propio objetivo como organismo de prevención y erradicación del fraude y la corrupción en las instituciones públicas valencianas y «el impulso de la integridad y la ética pública», y recuerda que «como es sabido la modificación de los contratos administrativos, generalmente de alto presupuesto, es un área especialmente proclive a la producción de actos de fraude, corrupción, y otras irregularidades».
"Como es sabido la modificación de los contratos administrativos, generalmente de alto presupuesto, es un área especialmente proclive a la producción de actos de fraude, corrupción, y otras irregularidades».
La Agencia insiste en este argumento y asegura que «este riesgo general en materia contractual se acentúa en fase de ejecución del contrato especialmente en sus modificaciones». Para la AVAF, en este caso, «la cercanía entre el servicio prestado por el contratista -empresa privada que busca un lucro-, con el gestor público empleado de la administración -que representa al interés general y que debe controlar la prestación del servicio-, provoca un riesgo cierto de colisión y de incursión en actos de fraude o corrupción». Una problemática, siempre según señala la misma fuente, que «ha sido detectada a lo largo de los años por la administración tanto a nivel europeo como estatal que ha ido limitando de forma cada vez más férrea la posibilidad de modificar los contratos, buscando en la licitación en libre competencia la forma más adecuada y controlable objetivamente de realizar el interés general».
"La cercanía entre el servicio prestado por la empresa privada que busca un lucro, con el gestor público empleado de la administración -que representa al interés general-, provoca un riesgo cierto de incursión en actos de fraude o corrupción"
El 31 de marzo la junta de gobierno presidida por el alcalde Eduardo Dolón (PP) aprobó exponer al público el plan de viabilidad que justifica la modificación del contrato. Sin embargo, no se puede consultar ni en la web municipal ni en el Boletín Oficial de la Provincia. El informe de la Agencia contra la Corrupción está fechado el mismo día.
El informe de la Agencia Antifraude no es preceptivo -no lo ha pedido el Ayuntamiento- ni vinculante para la decisión que pueda adoptar ahora el gobierno local, que ayer no se pronunció al ser consultado por INFORMACIÓN, y que ya ha tenido ocasión en al menos una investigación ya cerrada por esta misma entidad de responder a través de los directores de la Asesoría Jurídica y Contratación para defender la legalidad de las actuaciones municipales sin asumir las peticiones de la AVAF.
INFORMES FAVORABLES AL INTERÉS GENERAL DE LAS OBRAS
La modificación del contrato del ciclo integral del agua cuenta con los informes favorables del jefe del Servicio de Obras y Servicios y del director de la Asesoría Jurídica en el Ayuntamiento, como ha recogido INFORMACIÓN. Además, la empresa mixta, Agamed aporta el dictamen favorable encargado al catedrático de derecho administrativo de la UA Santiago González-Varas, que destaca el interés general de la mejora de las infraestructuras de la inversión de 35 millones y en el hecho sobrevenido de actuar ante episodios de inundaciones, cada vez más frecuentes y torrenciales.
