La Fiscalía pide ocho años y medio de cárcel por corrupción para el exalcalde del PP de Jacarilla

La Fiscalía pide ocho años y seis meses de prisión para el exalcalde de Jacarilla, José Manuel Gálvez Ortuño (Partido Popular), por los delitos de cohecho pasivo (cinco años), prevaricación en concurso con un delito de fraude (un año y nueve meses) y contra la ordenación del territorio (un año y nueve meses) por autorizar en mayo de 2011 la construcción ilegal de una depuradora y ser contratado dos meses después por la empresa inmobiliaria constructora que se iba a beneficiar de esa decisión. Estos hechos, por los que también se piden penas de prisión para el empresario que instó al regidor a modificar la obra y luego le dio de alta en la Seguridad Social con un contrato y para los responsables de la empresa que hizo la depuradora, se juzgan en la Audiencia Provincial la próxima semana. 

La calificación del Ministerio Público mantiene que Gálvez autorizó sin ningún tipo de informe técnico que lo avalara el cambio de ubicación de la depuradora y su aumento de presupuesto y capacidad. 

Debía instalarse en Vistabella, una urbanización aislada del casco urbano que necesitaba dotaciones de servicios básicos mínimos de los que carecía. Gálvez, que fue alcalde de este pequeño municipio de la Vega Baja entre junio de 1999 y mayo de 2011, autorizó la modificación del proyecto para que se instalara en suelo rústico fuera del propio ámbito de Vistabella, sin permiso de la Generalitat ni de la Confederación Hidrográfica del Segura. Tampoco concedió Gálvez licencia municipal para la propia construcción, que además se ubicaba a caballo entre los términos de Jacarilla y Orihuela y hubiera requerido de un expediente de tramitación en el municipio vecino.

Las Asomadas de Orihuela

El cambio situaba la instalación en el macroplán urbanístico de Las Asomadas, donde desarrollado por Agrícola del Segura desde hace más de una década se construyen miles de viviendas turístico residenciales en término de Orihuela. Y beneficiaba, según el relato de la Fiscalía, a esa misma empresa promotora que además era propietaria del suelo donde se ubicó la depuradora. El objetivo era recibir las aguas para destinarlas al riego del campo de golf en Las Asomadas y dar servicio al saneamiento provisional de cuatro sectores urbanísticos de la misma empresa -H-2, Asomadas Sur, PAU 18 y parte del PAU 19-, al menos hasta que estuvieran urbanizados. 

De paso, remarca la Fiscalía, eran los vecinos de Vistabella quienes la sufragaban con sus cuotas de reurbanización pensando que estaban pagando su depuradora, cuando de facto sostenían la del promotor, que duplicaba su coste inicial, sin que se les informara del cambio de ubicación. La operación supuso un «fraude para ellos y para los intereses del Ayuntamiento de Jacarilla», indica. 

La última tramitación para lograr este objetivo la hizo Gálvez además en una junta de gobierno celebrada el 27 de mayo de 2011 cuando ya ejercía como alcalde en funciones puesto que dejaría de ser regidor en unos días al no concurrir como candidato a las elecciones de mayo de ese año. Días después, el 18 junio de 2011, Agrícola del Segura «como moneda de cambio y contraprestación» dio de alta en la Seguridad Social a Gálvez, «por una supuesta relación laboral no acreditada», afirma la Fiscalía, que se mantuvo hasta principios de 2016. La firma solo la retiró «al menos formalmente» cuando supo que se había iniciado la investigación judicial. Gálvez recibió 47.000 euros durante ese periodo, al menos formalmente, según la acusación pública.

El empresario

En el mismo escrito de acusación pide ocho años y seis meses de prisión al director de la mercantil Agrícola del Segura, Joaquín Grau Roch, por los mismos delitos de cohecho, prevaricación y fraude y contra la ordenación del territorio. A los entonces responsables de la empresa constructora de la depuradora, Benaguas 2000 S.L., se les solicita un año y nueve meses por prevaricación en concurso con el delito de fraude, al conocer que el aumento del precio de la depuradora y su cambio de ubicación sin autorizaciones era irregular. Un nutrido grupo de vecinos de Vistabella llegó a pagar a Benaguas cuotas por la depuradora que figuraba en la modificación del plan de reforma interior del sector, antes de ser anulada por el propio Ayuntamiento por las irregularidades que presentaba. 

Daños

Por lo que la Fiscalía reclama que los acusados sean condenados por ese daño económico al pago de 37.000 euros, más intereses de demora. La iniciativa de construir la depuradora partió de la constitución de una Agrupación de Interés Urbanístico de los propietarios de la pequeña urbanización de Vistabella en 2005 para invertir en los servicios públicos de los que carece la zona, entre ellos una depuradora. Se planteó una pequeña instalación con capacidad para 600 habitantes, en unos terrenos junto a la avenida Vista Bella, con un presupuesto de 39.817 euros. El presupuesto, sin embargo, se elevó a 151.000 euros y capacidad para mil habitantes, «sobredimensionada y en un sobrecoste que no estaba justificado más allá de los ilícitos propósitos de los acusados».