Antifraude avala al Ayuntamiento de Orihuela en la adjudicación de las zonas verdes de la Costa

La Agencia Valenciana Antifraude inició en noviembre una investigación para determinar si hubo irregularidades en el expediente de contratación del servicio de mantenimiento y conservación de las zonas verdes, parques públicos y arbolado de Orihuela Costa, en el procedimiento de adjudicación realizado por el Ayuntamiento, que pretendía con la licitación renovar un servicio que se viene prestando sin contrato desde hace siete años y que acarrea recurrentes quejas vecinales. La suculenta contrata asciende a 10 millones de euros durante su vigencia (cinco años).

La Agencia, en un extenso informe en el que concede al Consistorio un plazo de alegaciones de diez días, analiza varios hechos denunciados como la negativa municipal a dar acceso completo al expediente administrativo al técnico que informó unilateralmente el apartado de criterios sometidos a juicios de valor, determinando que el Ayuntamiento actuó correctamente.

Sobre la segunda denuncia, es decir, sobre el rechazo de la Mesa de Contratación al informe emitido por el técnico municipal, tampoco encuentra ninguna irregularidad, si bien sugiere que se podían haber constatado con mayor extensión los motivos.

En aplicación del principio de transparencia, argumenta Antifraude, hubiese sido aconsejable recoger en el acta una motivación más detallada de las causas, distintas de la imposibilidad de obtener el informe conjunto, aducidas para desestimar el informe.

Por ello, indica que hay margen de mejora en la actuación de la Mesa de Contratación en la gestión del encargo a los tres técnicos municipales, tanto por no haber establecido con claridad las condiciones para la emisión del informe como por no haber acordado la retirada del encargo una vez conocido el rechazo del primero de los técnicos, rechazo al que luego se sumó otro, alegando que les faltaban medios y conocimiento para valorar un asunto tan complejo.

Esto, además, incurre en un retraso, injustificado en la adopción del acuerdo correspondiente, según la Agencia.

La Mesa de Contratación acordó, dada la complejidad, que emitiera un informe un organismo externo, independiente y especializado para valorar las propuestas presentadas por los licitadores. Una de las empresas que se presentaron al concurso, la UTE STV/Evocivil, interpuso un recurso de alzada para que se suspendiera esa decisión del informe externo y que la decisión recayera en el funcionario que elaboró los pliegos, y el único que aceptó el encargo.

En cuanto a la capacidad de la Mesa de Contratación para solicitar informes externos, como se realizó tras la negativa de los técnicos municipales, tanto a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) como a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Antifraude concluye que tiene competencia para hacerlo en aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público.

Sin embargo, en este punto detecta defectos formales. Por ejemplo, no hay constancia de las razones por las que se encargó el informe de valoración de ofertas al profesor de la UPCT. A pesar de quedar acreditado el requisito de especialización, no se incluye deliberación alguna sobre su capacidad técnica, ni se refleja en el expediente su formación y experiencia profesional. Tampoco hay constancia de la aceptación del encargo por su parte, ni de la presentación de la declaración de conflicto de intereses, ni de en qué momento se le comunicaron las entidades que presentaron las ofertas.

Asimismo, sin que se acrediten las razones, se realizaron contactos con el segundo técnico, de la UPV, con anterioridad a la toma en conocimiento por parte de la Mesa de la renuncia del primero (de la UPCT).

Pese a estos defectos formales, la Agencia no se pronuncia sobre el grado de invalidez al no haber llegado a emitirse los informes solicitados tras la renuncia de los dos técnicos externos, por lo que no llegaron a clasificarse las ofertas presentadas. 

Cabe recordar que este proceso llevó a algunos miembros de la Mesa de Contratación, entre los que encuentran el Secretario y la Interventora, a denunciar en la Fiscalía unas presuntas coacciones por parte de STV/Evocivil, lo que se ha archivado. La mercantil ha presentado un escrito de recusación contra algunos miembros, principalmente contra el Secretario municipal, solicitando que se les apartara del proceso licitador al poner en duda su "imparcialidad". Una recusación que aún no se ha resuelto por parte del Ayuntamiento.

Con la encomienda del servicio de mantenimiento de zonas verdes del litoral a la empresa municipal Ildo, que se debate en el pleno del jueves, el ejecutivo oriolano pretende dar carpetazo a un contrato que no ha estado exento de polémica.

Orihuela encomienda la gestión de las zonas verdes de la costa a unos presupuestos paralizados

Algunas empresas que se habían presentado al contrato de mantenimiento de zonas verdes de Orihuela Costa anuncian que batallarán en los tribunales la marcha atrás del ejecutivo, lo que podría acarrear el pago de indemnizaciones por el lucro cesante. 

Lo que también pedirá una de las mercantiles que se presentaron al concurso, una vez el Ayuntamiento le comunique el desistimiento de la licitación, es la paralización del proceso de encomienda de gestión a Ildo que solicitará al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Este órgano tiene tres meses, mínimo, para tomar una decisión, sin perjuicio de que pueda decretar hasta entonces la suspensión cautelar del acuerdo que se adopte en el pleno. De dar la razón a la misma, avanza, pedirá responsabilidades patrimoniales a los ediles que voten a favor de la encomienda a Ildo en el pleno, y que tumba la actual licitación. De dar la razón al Ayuntamiento, acudirá a los tribunales ordinarios.