PP y Vox tumbarán la licitación del contrato de zonas verdes de Orihuela Costa y encomendarán la gestión a Ildo

Orihuela encomendará la gestión del servicio de mantenimiento de zonas verdes de la costa a la empresa municipal Ildo y tumbará la licitación en curso de un contrato valorado en 10 millones de euros y al que se habían presentado tres empresas. El equipo de gobierno, de PP y Vox, ha convocado una comisión y un pleno extraordinario para este viernes 2 de febrero para la gestión directa del servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes en Orihuela Costa mediante la Sociedad Municipal de Integración Laboral de Discapacitados de Orihuela SL (Ildo). Se trata de la empresa municipal integrada por personas con diversidad funcional.

La contratista Actúa presta el servicio con un contrato caducado hace siete años y con múltiples deficiencias que han ocasionado las quejas de los vecinos del litoral oriolano. La anterior contrata se inició en marzo de 2011 y finalizó su última prórroga anual en febrero de 2017, por lo que la empresa adjudicataria lleva casi siete años realizando el servicio sin contrato, una situación ilegal desde el punto de vista administrativo que deriva en informes en contra por parte de Intervención al pago de las facturas, lo que a su vez genera intereses de demora de miles de euros. La agilización del expediente por estar el servicio sin contrato tanto tiempo es lo que justifica en el documento el edil de Infraestructuras, Víctor Valverde, para solicitar la urgencia del pleno extraordinario. Ildo se encarga actualmente de la gestión de la zona azul y del mantenimiento de jardines en las pedanías oriolanas.

Se trata de un importante servicio que afecta a más de 2,5 millones de metros cuadrados, a 213 zonas verdes de Orihuela Costa y 7.000 palmeras. Además, en el nuevo pliego estaba previsto que se ampliarían de 12 a 30 los operarios para el mantenimiento de las zonas verdes de Orihuela Costa. Si la propuesta del equipo de gobierno de Orihuela sale adelante, lo que no tendría dificultad al contar PP y Vox con mayoría en el pleno, Ildo se tendrá que hacer cargo de este servicio con ese personal. Además, estaba prevista la subrogación de la decena de operarios de la empresa que actualmente se encarga de esta gestión.

El nuevo servicio estaba previsto que cubriera el cien por cien de las zonas verdes de la costa, cuando el anterior contrato lo hace al 40%.

Con todo, el Ayuntamiento, una vez realizada la encomienda a su empresa municipal, deberá aportar las partidas necesarias para sufragar un servicio que en el contrato se estimaba en cerca de dos millones al año. El equipo de gobierno tiene perfilados los nuevos presupuestos para 2024, aunque la interventora ha tumbado el primer intento de sacarlos adelante. También hay dudas en cuanto a un servicio que requiere, por ejemplo, subirse a las palmeras para podarlas y arrancar los dátiles, cuando el Ayuntamiento carece de personal especializado en trepa, de ahí que adjudicara recientemente el servicio de poda de estas plantas en el casco urbano a una empresa externa, Actúa.

Antifraude

Con la encomienda del servicio de mantenimiento de zonas verdes del litoral a Ildo el ejecutivo oriolano pretende dar carpetazo a un contrato que no ha estado exento de polémica y que la Agencia Valenciana Antifraude está investigando por "presuntas irregularidades" que ha detectado en el expediente de contratación de la nueva licitación, concretamente en los criterios que llevaron a la mesa de contratación a encargar a un profesor universitario el informe de valoración y qué funcionario tomó la decisión, al considerarse que ese docente podía tener conflicto de intereses con una de las empresas que se presentaron al concurso. Miembros de la mesa de contratación, precisamente, denunciaron, posteriormente, coacciones por parte de una de las mercantiles licitadoras a los técnicos, la que advirtió de la anterior circunstancia, lo que fue archivado.

Fue el anterior titular de la Concejalía de Infraestructuras, Ángel Noguera, de Cs, quien impulsó la licitación para la conservación de espacios verdes y mantenimiento del arbolado en Orihuela Costa en enero de 2023, que tendría una duración prevista de cinco años y suponía una inversión de 1.910.700 euros anuales. El informe técnico de valoración de ofertas fechado en marzo y firmado por un arquitecto técnico, el único que aceptó el encargo al que se negaron otros técnicos, como consta en el mismo, dio las mayores puntuaciones, excelente en casi todos los ámbitos, a la UTE STV/Evocivil, dejando más atrás a Actúa y en último lugar a SAV/Doalco.

La mesa de contratación acordó, dada la complejidad de la valoración, que emitiera un nuevo informe otro organismo externo, independiente y especializado, la Universidad Politécnica de València (UPV), para valorar las propuestas presentadas por los licitadores. STV Gestión y Evocivil interpusieron un recurso de alzada para que se suspendiera esa decisión del informe externo y que la decisión recayera en el funcionario que elaboró los pliegos, y el único que aceptó el encargo.

Antifraude puso el foco y preguntó al Ayuntamiento de Orihuela, como denunciado, los criterios que llevaron a encargar a un determinado profesor de la UPV la emisión de un informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación de este expediente, quien después rechazaría el encargo después de denunciarse que una de las empresas que se presentó al concurso envió correos a su universidad al considerar que había un conflicto de intereses. Antifraude también preguntaba quién había realizado ese encargo.

Todo ello, llevó a algunos miembros de la Mesa de Contratación, entre los que encuentran el secretario y la Intervención, a denunciar en la Fiscalía unas presuntas coacciones de la misma mercantil, lo que se ha archivado. Y esa empresa, STV/Evocivil, ha presentado un escrito de recusación contra algunos miembros de la mesa de contratación, principalmente contra el secretario municipal, solicitando que se les apartara del proceso licitador al poner en duda su "imparcialidad". Una recusación que aún no se ha resuelto por parte del Ayuntamiento.

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Batalla

Algunas empresas que se habían presentado al contrato de mantenimiento de zonas verdes de Orihuela Costa anuncian que batallarán en los tribunales la marcha atrás del ejecutivo, lo que podría acarrear el pago de indemnizaciones por el lucro cesante. El asunto retrotrae a lo sucedido con el contrato de la recogida de residuos hace unos años en Orihuela. El Ayuntamiento tuvo que pagar a la mercantil de recogida de residuos Urbaser SA 4.747.388,44 euros en cumplimiento de la resolución judicial que le otorgó el derecho de indemnización tras la decisión del Consistorio en 2006 de paralizar y después anular la propuesta de la mesa de contratación que decidía un nuevo servicio.

En este caso, el lucro cesante no sería tan abultado, es un 6% del contrato, unos 600.000 euros. Lo que también pedirá una de las mercantiles que se presentaron al concurso, una vez el Ayuntamiento le comunique el desistimiento de la licitación, es la paralización del proceso de encomienda de gestión a Ildo que solicitará al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, según ha confirmado a INFORMACIÓN. Este órgano tiene tres meses, mínimo, para tomar una decisión, sin perjuicio de que pueda decretar hasta entonces la suspensión cautelar del acuerdo que se adopte en el pleno. De dar la razón a la misma, avanza, pedirá responsabilidades patrimoniales a los ediles que voten a favor de la encomienda a Ildo en el pleno, y que tumba la actual licitación. De dar la razón al Ayuntamiento, acudirá a los tribunales ordinarios.

Esta empresa duda de que la empresa municipal pueda asumir la gestión de un servicio tan amplio con los medios con los que cuenta el Ayuntamiento. De hecho, en el caso de la poda y lucha contra el picudo en las palmeras del casco urbano el servicio se ha externalizado y adjudicado, precisamente a Actúa, por carecer de personal especializado en subida de trepa y no poder realizarlo, según se justificó en el pliego, con los medios del Ayuntamiento. En este caso se trata del mantenimiento de unas 500 palmeras, 372 censadas, frente a las 7.000 que hay en Orihuela Costa y de las que se tendrá que ocupar la empresa municipal Ildo si finalmente sale adelante la propuesta del ejecutivo oriolano.

Imputados

No es la primera vez que el contrato de mantenimiento de zonas verdes en Orihuela Costa está en tela de juicio. Un juzgado de Orihuela investiga un posible delito de prevaricación administrativa a raíz de una denuncia que interpusieron los ediles de Cambiemos ante la Fiscalía Anticorrupción al advertir supuestas irregularidades en los contratos para el mantenimiento y conservación de zonas verdes, parques y jardines de Orihuela Costa por levantarse los reparos de Intervención sin volver a licitar el servicio.

En esta causa permanecen como investigados los entonces ediles de Recursos Humanos, Luisa Boné (Ciudadanos), y de Infraestructuras, Ángel Noguera.