«Cuando el juez tome la decisión de apertura de juicio orales, será el momento de tomar decisiones, al igual que ellos piden con sus investigados. De momento es prematuro solo con la petición de Fiscalía». El alcalde de San Vicente del Raspeig, el socialista Jesús Villar, advierte que no va a tomar ninguna medida contra los concejales investigados. Antepone cualquier decisión a que se abra juicio oral contra los imputados. Y desoye las peticiones que le hace Cs y PP.
La Fiscalía ve indicios de delito en los dos grupos de Whatsapp donde se difundía información municipal, expedientes y documentos de las mesas de contratación. Entre los seis imputados solo dos personas siguen en el Ayuntamiento, el actual concejal de Contratación, Guillermo García, y que hasta abril ejercía como edil de Hacienda; y una asesora del PSOE.
También se ha imputado al que fuera hombre fuerte del grupo, cabeza visible de los críticos, José Luis Lorenzo, que dejó su acta en abril; al militante que fue edil de Urbanismo José Gadea y que en 2001 dio la Alcaldía a la Popular Luisa Pastor; el exportavoz socialista Jesús Arenas, quien dejó su acta a finales de abril; y la ex jefa de prensa Ana López Tárraga, cesada por el alcalde a principios de abril.
Villar indica que ya ha dejado claras sus intenciones durante la reunión del grupo municipal socialista que se celebra cada lunes por la tarde. «Les dejé claro que en el momento en el que el juez abra juicio oral yo no voy a consentir que haya en el Ayuntamiento personas que tengan juicio abierto. De momento es la petición del fiscal y el juez tendrá que decidir».
Villar también espera que en ese momento o incluso antes sean los concejales quienes decidan dejar su acta, pero reconoce que por el momento no tienen intención de hacerlo. Reconoce que el resto de concejales implicados en los Whatsapp podrían «acudir como testigos y acabar investigados».
El alcalde responde a las críticas de PP y Cs que le han exigido el cese de Guillermo García y advierte que también Cs y el PP podrían haber recurrido a la Fiscalía como le reclaman. Al tiempo, recrimina al PP que no diera el paso presentando una denuncia y que solo instara a hacerlo.
El portavoz del PP, Óscar Lillo, acusa al alcalde de no tomar decisiones. Recuerda que Villar pidió la dimisión de los concejales implicados «su propio partido les ha abierto expediente, la Fiscalía los tiene en el punto de mira. Y es muy grave que el alcalde esté consintiendo que estas personas gestionen dinero público». Los populares exigen que al igual que se hizo con Lorenzo, se aparte de su concejalía a Guillermo García. Por su parte, el vicesecretario de organización del PP en la provincia, José Antonio Rovira, ha pedido al secretario general del PSPV, Ximo Puig «que depure responsabilidades en San Vicente» y que «por ética y estética» aparte a los cargos investigados.
El portavoz de Ciudadanos, Pachi Pascual, ha calificado de «grave error» que el alcalde no aparte de sus competencias al concejal de Contratación, «y prefiera proteger a una persona sobre la que pesa una petición de la Fiscalía para que sea citado como investigado por la presunta comisión de varios delitos que, además, están relacionados con la filtración de documentos sobre contratos del Ayuntamiento».
«Respetando la presunción de inocencia de todos los implicados, consideramos que el concejal debe dejar sus competencias al menos hasta que se resuelva el procedimiento judicial que ahora se inicia contra él y otras cinco personas», añade.
Pascual también ha reclamado a Villar que, en el caso de que se abra un procedimiento judicial, el Ayuntamiento se persone en el mismo en defensa de los intereses municipales «y de los funcionarios que fueron insultados y puesta en cuestión su profesionalidad en esos grupos paralelos».
Por su lado, el portavoz de Vox, Adrián García, recuerda que su grupo ya instó a la Fiscalía a investigar el caso. Considera que el alcalde debería tomar medidas porque «no se puede tener a personas investigadas por presuntos hechos delictivos gestionando nuestro Ayuntamiento». Piden al primer edil que tome decisiones y anteponga los intereses de los vecinos. Y también le exigen que cuente con los grupos de oposición y que en una reunión les dé explicaciones.
Podemos es de la opinión del alcalde y cree que solo se deberá apartar a los concejales cuando se abra juicio oral. El portavoz David Navarro invoca la presunción de inocencia. «Lo idóneo es esperar al auto que tendrá que dictar el juez, ya que el mismo podría ser de sobreseimiento, en caso de que no existan motivos de que se hayan realizado hechos delictivos, o en caso contrario, dictará auto de apertura de juicio oral y será entonces cuando se deberían tomar medidas, bien por parte de las personas implicadas mediante la dimisión o bien por parte del alcalde apartándolas de sus puestos».
Por último, Ramon Leyda de Compromís considera que «si hay algún cargo público investigado en alguna institución, tiene que delegar las competencias hasta que se esclarezcan los hechos y haya una sentencia en firme»
