La Generalitat autoriza la macroampliación del vertedero de Xixona para casi duplicar su capacidad de enterramiento de basuras y prolongar su vida útil hasta al menos 2041. Y al mismo tiempo la Conselleria para la Transición Ecológica abre la puerta a la expropiación que tramita el Consorcio Terra para que las instalaciones vuelvan a ser de titularidad pública.
La resolución de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental por la que se modifica sustancialmente la Autorización Ambiental Integrada (AAI) otorgada a Reciclados y Compostaje Piedra Negra, propiedad del grupo PreZero, que ha adquirido a Ferrovial su filial Cespa, a quien pertenecía la planta, está fechada el 22 de septiembre. Y en los próximos días se hará oficial con su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Y desde Ecologistas en Acción ya han anunciado la interposición de un recurso de alzada contra la medida, que se no ser atendido posiblemente acabe en un recurso judicial. Y el Ayuntamiento de Xixona no descarta también presentar un recurso.
Tanto conservacionistas como el propio Ayuntamiento de Xixona, cuya alcaldesa Isabel López (PSOE) es la presidenta del Consorcio Terra, consideran desproporcionada e injustificada una ampliación que supone prácticamente duplicar la capacidad de enterramiento de basuras, en un contexto en el que el reciclaje en origen es cada vez mayor y se busca limitar al máximo lo que acaba en el vertedero.
El pasado marzo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable por parte de la Conselleria a las dos nuevas celdas ya allanaba esta ampliación, a falta de la resolución final que ahora ha llegado, y que pone fin a una tramitación iniciada en 2019. Piedra Negra tiene sus cuatro celdas prácticamente colmatadas 19 años después de su puesta en marcha, pese a que debían dar servicio durante 30 años, debido a la falta de reciclaje y la llegada de basuras de otras áreas como la Vega Baja, la Marina Alta, la Marina Baixa y las provincias de Valencia y Castellón. Y con la nueva AAI contará con dos nuevos vasos para el vertido de rechazos de residuos domésticos de la zona A2, que abarca a municipios de l'Alacantí, l'Alcoià y El Comtat.
Así, la Generalitat también ha rechazado la mayor parte de las alegaciones del Ayuntamiento, ecologistas y una asociación de vecinos, que alertaban del sobredimensionamiento de la macroampliación. Y va a suponer la construcción de las celdas 5 y 6, con capacidad para 2,3 millones de metros cúbicos, cuando las cuatro ya existentes tenían 2,6 millones, lo que ha generado una gran preocupación en la localidad turronera, que sufre desde hace dos décadas los malos olores del complejo y las basuras son visibles desde varios puntos de la CV-800 que une Xixona con el área metropolitana de Alicante, al estar coronando ya los residuos unas celdas ya prácticamente llenas.
En sus alegaciones los ecologistas alertaban que la ampliación solo busca el "enterramiento masivo de residuos" y no el reciclaje, no está justificada ni es legal, invade la Zona de Especia Protección para Aves (ZEPA) Montnegre, y advertían de irregularidades y deficiencias en el proyecto, así como en el tratamiento de lixiviados y generación de malos olores. Y por su parte el Consistorio se opone por su gran impacto visual y por ser desproporcionada la ampliación. La Corporación considera que doblar la capacidad de enterramiento carece de base legal y va contra las medidas que buscan aumentar el reciclaje, advierte que las basuras ya son visibles desde la carretera CV-800, y que su repercusión sobre el paisaje sería mayor al aumentar su altura.
Pero la Conselleria tumbó en su mayor parte las alegaciones, aunque aceptó en parte algunas mejoras solicitadas para reducir su impacto visual y ambiental.
Reacciones
Tras tener conocimiento de esta resolución, desde el colectivo ecologista han denunciado que la AAI "es totalmente continuista respecto a la actual situación. Las 173.000 toneladas que se permiten entrar en la planta al año supone acoger 50.000 toneladas de residuos de fuera del ámbito de plan zonal. La ampliación del vertedero con dos nuevas celdas para duplicar la capacidad actual no están justificadas, si no es para garantizar el negocio de la concesionaria hasta 2041".
Por todo ello Ecologistas en Acción ha anunciado que interpondrán un recurso de alzada y, de no ser atendido, "con alta probabilidad iremos a tribunales".
Y desde el Ayuntamiento su alcaldesa ha recordado que "nosotros ya nos hemos pronunciado en contra y alegado en dos ocasiones a la AAI", por lo que preguntada sobre si plantean recurrir la resolución ha manifestado que "no descartamos nada en este momento. Yo continúo reivindicando que se tiene que contar con Xixona, es lo justo y lo que pido es que se nos escuche. No pienso consentir que se repitan errores otros tiempos y voy a encargarme como a alcaldesa y como presidenta del Consorcio Terra de que los cambios sean una realidad en la planta".
Enajenación
Y es que por otra parte esta AAI implica un avance para la convocatoria del concurso público abierto del nuevo proyecto de gestión de valorización y eliminación de residuos domésticos de esta zona, para los próximos 20 años, que contempla a su vez la expropiación por 18 millones del complejo por parte del Consorcio Terra que integran los 37 municipios a los que da servicio, la Diputación y la Generalitat.
Este concurso público supondrá la expropiación de las instalaciones actuales, que se privatizaron en 2015 al vender la participación que tenía la Generalitat del 51% a Cespa, que tenía el resto, para hacer caja, por 5,2 millones. La expropiación se hace necesaria para abrir el concurso a todas las empresas licitadoras, en cumplimiento de la normativa de contratos de las administraciones públicas.
La nueva explotación del vertedero pretende modernizar las instalaciones y los procesos de recogida de residuos en origen, hacia los objetivos progresivos de "rechazo cero" en la gestión de residuos municipales. En este sentido, la instalación verá limitadas año a año las toneladas anuales de entrada, según marcan las nuevas normativas estatal y autonómica en materia de gestión de residuos, e implica dar solución a la problemática del área A2 para los próximos 20 años, según la Generalitat.
Así, se plantea para las nuevas instalaciones el aprovechamiento energético del biometano producido para la generación de energía eléctrica, en línea con las directrices del nuevo Plan Estatal de lucha contra el cambio climático.
