El juzgado de lo Social número 5 de Alicante ha ratificado el incumplimiento por parte de la Conselleria de Sanidad de la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales al no suministrar el material de protección básico al personal sanitario para luchar contra el covid-19. Un incumplimiento que, según el fallo de la sentencia a la que ha tenido acceso este diario, «ha generando un grave riesgo para la seguridad y salud de los facultativos sanitarios (...) provocando su exposición directa al contagio de la enfermedad infecciosa covid-19». El juzgado condena a la conselleria «a suministrar y/o proveer en cantidad y calidad suficiente de todos los epi necesarios: batas impermeables, mascarillas FFP2, FFP3, gafas de protección, calzas específicas y contenedores de grandes residuos…».

La demanda fue promovida por el Sindicato Médico, que además pedía indemnizaciones, a través de la vía de la responsabilidad patrimonial, para cerca de 300 médicos en la provincia, salvo de los partidos de Elche y Benidorm. El juzgado de lo Social entiende que debe ser la vía contencioso-administrativa la que resuelva esta parte de la denuncia relativa a la compensación económica.

La sentencia plasma el aumento de contagios que se produjo entre los facultativos de la provincia (de 787 contagiados el 25 de abril a 1.224 a principios de julio) para señalar que «no puede considerarse que haya habido una diligencia necesaria en la correcta gestión, canalización y/o distribución en la práctica de todos los medios y recursos sanitarios que en teoría podrían presentarse como susceptibles de paliar a un nivel aceptable los efectos del covid (...) para evitar, como ha sucedido, que se haya ido “de las manos” el número de contagios y cuarentenas entre el personal facultativo sanitario». Una situación que se dio, según el fallo, «por la cantidad y calidad de material, que en la práctica o bien no llegó a sus manos, o bien lo hizo pero tarde y en cantidad inferior y/o de menor entidad cualitativa para protegerse del extremo riesgo de contagio y letabilidad de la enfermedad». Contra la sentencia cabe recurso.

El Sindicato Médico ha aplaudido el fallo. El Secretario General del sindicato, Víctor Pedrera, exige la dimisión inmediata de la consellera y asegura que el sindicato «no va a descansar hasta que se agoten todos los procesos judiciales derivados de su nefasta gestión de la pandemia».

También ha anunciado que piensa recurrir la parte de la sentencia que le deriva a la vía contencioso-administrativa para reclamar la responsabilidad patrimonial. Los demandantes quieren que sea el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el que fije las cuantías a las que, «tal como reconoce la sentencia», tienen derecho los demandantes. En próximas fechas, están previstos nuevos juicios en los Juzgados de Benidorm, Elche, Castellón y Valencia. Además, el Sindicato Médico ha anunciado que presentará nuevas demandas contra la conselleria, «defendiendo a todos los médicos afiliados, por su negligente gestión y el grave perjuicio que les ha ocasionado de forma directa».