El gerente de UTE Alicante, la adjudicataria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, no comparecerá este jueves ante la comisión municipal impulsada por la oposición municipal para el estudio y análisis del contrato. Así lo hizo saber al Ayuntamiento de Alicante por escrito en respuesta a la citación acordada por los miembros de la comisión en la última sesión, en la que intervino el coautor del pliego de condiciones y actual responsable técnico del contrato, Sebastián Chicote. Fuentes de la UTE han confirmado a este diario su negativa a participar en la comisión, alegando que al comunicación entre el Ayuntamiento y la adjudicataria "se realiza según el pliego de condiciones a través de la dirección facultativa". 

La próxima sesión de la comisión está prevista para este jueves, a las 9:30 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, y el orden del día sólo contenía dos puntos: la comparecencia (frustrada) del gerente de UTE Alicante y, por último, "acuerdos a adoptar". Así que todo apunta que la sesión será breve. UTE Alicante está participada por FCC, Ferrovial y el constructor Enrique Ortiz.

En la anterior sesión, el técnico Chicote protagonizó una comparecencia que se prolongó más de cinco horas. En su intervención, el supervisor reconoció que falta personal tanto para redactar el pliego del próximo contrato (el actual finaliza en agosto de 2021) como para realizar una inspección óptima del servicio prestado desde hace siete años por UTE Alicante, formada por FCC, Ferrovial y el promotor Enrique Ortiz. «El sábado es un día importante, con mercadillos, y no tenemos inspectores. Ojalá tuviéramos más personal para cumplir con el control, que no es exhaustivo porque nos faltan medios. ¿Cuántas trampas no nos estarán haciendo [desde la adjudicataria]? Muchas», defendió Chicote, quien subrayó que tras la última reestructuración de la concejalía, coincidiendo con la llegada del bipartito al gobierno, «se ha puesto orden en la limpieza». Los técnicos calculan que, como poco, haría falta ampliar la nómina de inspectores hasta los veinte, cinco más de los actuales.

La anterior sesión sirvió además para desvelar que la actual contrata finalizará a finales de agosto de 2021 sin que esté adjudicado el próximo contrato. El bipartito del PP y Ciudadanos, por tanto, no llegará a tiempo, lo que obligará a seguir pagando a la UTE hasta que se resuelva el proceso para mantener el servicio activo. Falta por resolver si el gobierno de Barcala optará por negociar con la adjudicataria una prórroga «ad hoc» o si, por el contrario, decide dar por finalizado el contrato que se firmó durante la etapa de Sonia Castedo y pagar el servicio con reconocimientos extrajudiciales de crédito, una práctica muy criticada por el interventor. Y es que el concejal de Limpieza, Manuel Villar, tomó la palabra en la recta final de la sesión para descartar que el bipartito vaya a hacer uso de la prórroga de dos años que se recoge en el actual contrato. «Se dirá desde la oposición que llegamos tarde, pero los plazos se nos han ido de las manos por la pandemia», intentó justificar el concejal, ya que el PP -como el resto de partidos- se comprometió durante la última campaña electoral en 2019 a no prorrogar el polémico contrato.